La despoblación, un problema histórico de las zonas rurales aragonesas, se ha convertido en un tema central del debate electoral que precede a las elecciones del próximo 8 de febrero. Los partidos son conscientes de que el voto rural puede ser decisivo y lo están usando como un eje estratégico de campaña.
En Aragón, donde la mitad de sus 1,3 millones de habitantes reside en Zaragoza y el 28 % de sus municipios tiene menos de 100 habitantes, la falta de relevo generacional y el envejecimiento poblacional marcan un problema estructural que afecta a los servicios básicos y limita las oportunidades de vida en los pueblos.
El escritor zaragozano Sergio del Molino describe esta situación en su ensayo La España Vacía, diferenciando entre la España urbana y la interior, donde la comunicación y los servicios escasean. La densidad poblacional aragonesa, de apenas 29 habitantes por kilómetro cuadrado, refleja este fenómeno: de sus 731 municipios, 543 tienen menos de quinientos habitantes, según el INE.
Los habitantes rurales reclaman escuelas, atención médica y espacios de convivencia como bares, que se convierten en auténticos centros comunitarios frente a la soledad. En este contexto, la inmigración, tanto interna como externa, aparece como una oportunidad para revitalizar los pueblos, reabrir colegios, colmados y consultorios médicos.
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Los partidos políticos aragoneses coinciden en la necesidad de ofrecer servicios básicos y fomentar proyectos de vida en los municipios más despoblados, como los Pirineos o las cuencas mineras de Teruel, aunque divergen en la forma de abordarlo. Aragón Existe, CHA y PAR adoptan un enfoque más rural, mientras PSOE, PP, Vox, Podemos, IU y Sumar plantean soluciones más generalistas.
La financiación autonómica se ha convertido en un punto de fricción: el PP denuncia un trato desigual respecto a Cataluña, mientras que el PSOE destaca que el nuevo modelo supondrá 631 millones de euros adicionales para la comunidad.
Mientras se discuten estas medidas, Aragón sigue siendo un “campo de pruebas” para los grandes partidos, que analizan los resultados del próximo 8 de febrero como indicador de posibles estrategias de cara a unas elecciones generales.
