Madrid, 14 de junio de 2026 — Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está citada este lunes a las 18:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la audiencia preliminar de la causa que se sigue contra ella. Este trámite clave marca el cierre de la fase de instrucción y sirve para que las partes se pronuncien sobre la apertura del juicio oral, que el magistrado Juan Carlos Peinado pretende que sea juzgado por un tribunal del jurado.
Lee tambien: El juez Peinado celebra la audiencia preliminar para la apertura de juicio con jurado a Begoña Gómez
Junto a Gómez, también están obligados a comparecer presencialmente su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez ha advertido formalmente a los tres investigados de que, en caso de no asistir, podrían ser «conducidos por la fuerza pública», justificando la medida ante la gravedad de las penas solicitadas y el riesgo de que intenten eludir la acción de la justicia.
Los detalles del procedimiento y las medidas de seguridad
La audiencia preliminar contará con la presencia de los tres investigados, sus defensas, la Fiscalía, las acusaciones populares y los representantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que actúa como acusación particular al considerarse perjudicada.
Lee tambien: Bolaños acusa a Vox de preparar un “numerito” en el Congreso durante la comparecencia de Sánchez
Por motivos de seguridad, se prevé que se repita el estricto protocolo de ocasiones anteriores: Begoña Gómez accederá a la sede judicial en vehículo a través del garaje de los juzgados.
Durante la sesión, el juez Peinado dará la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones:
- Las defensas reiterarán su petición de archivo.
- Las acusaciones solicitarán formalmente la apertura del juicio.
- Los investigados tendrán el derecho a intervenir si así lo deciden, aunque no están obligados a hacerlo.
Los delitos imputados y la petición de medidas cautelares
La causa, iniciada en abril de 2024, investiga las presuntas irregularidades en torno a la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense, la creación de un software asociado y el papel de su asesora. Los tres procesados se enfrentan a cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Petición de penas: La asociación Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, solicita 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 para Cristina Álvarez y 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés.
Ante el volumen de estas penas, Hazte Oír ha solicitado que se impongan medidas cautelares inmediatas para los tres implicados, que incluyen la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días por «riesgo de fuga». Estas solicitudes se debatirían en una vistilla posterior a la audiencia general.
Un caso en la recta final con posturas enfrentadas
El desarrollo de este proceso judicial continúa marcado por la total discrepancia entre el instructor y el Ministerio Público:
- La Fiscalía: Ha mantenido desde el inicio que no existen indicios de criminalidad en las actuaciones de Gómez y ha reclamado de forma reiterada el archivo de las actuaciones.
- La defensa de Gómez: El abogado Antonio Camacho criticó la «excesiva prisa» y la «velocidad de crucero» impuesta por el juez Peinado tras conseguir que se aplazara la fecha inicial de la audiencia (prevista para el 9 de junio), denunciando que este ritmo compromete las garantías del proceso penal.
A las puertas de su jubilación, el juez Peinado busca acelerar el envío de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre el juicio popular, una decisión que sigue pendiente de los recursos presentados tanto por las defensas como por la propia Fiscalía.
