Cuatro exmiembros de ETA han confesado ante el juez de la Audiencia Nacional su participación en un intento de atentado contra los periodistas Aurora Intxausti y Juan Palomo. El ataque, planeado para el 10 de noviembre de 2000, involucraba un artefacto explosivo oculto en una maceta colocada en la entrada de su vivienda en San Sebastián.
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Durante la audiencia, la fiscal solicitó 74 años y cuatro meses de prisión para los acusados: Imanol Miner Villanueva, Asier García Justo, Jon Zubiaurre, y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi. Sin embargo, debido a las leyes vigentes, el máximo aplicable es de 30 años. Los acusados ya han cumplido este tiempo en prisión por otros delitos relacionados con ETA.
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El artefacto explosivo fue diseñado para activarse al abrir la puerta de la vivienda, pero un fallo técnico impidió su detonación. La carga contenía más de dos kilos de dinamita y metralla, lo que podría haber causado consecuencias devastadoras, según testigos de la Guardia Civil y la Ertzaintza.
Juan Palomo recordó el momento crítico cuando abrió la puerta: «Al abrir, escuché un sonido como un petardo y vi la maceta. Inmediatamente le dije a Aurora que se alejara con nuestro hijo y llamé a la Ertzaintza».
Este intento de atentado cambió radicalmente la vida de la pareja. Se vieron obligados a abandonar el País Vasco y trasladarse a Madrid, viviendo bajo constante protección. «Mi padre murió dos años después, y en su funeral en Bilbao estuve rodeado de escoltas», relató Palomo.
Aurora Intxausti también compartió su experiencia: «Ver la maceta con el cable me descontroló. Entré en una nebulosa mientras intentaba calmar a nuestro hijo». La situación les obligó a vivir con escoltas, afectando profundamente su vida personal y profesional.
El impacto psicológico del atentado ha sido duradero. Intxausti mencionó que sigue bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico, y que el evento afectó a su círculo cercano, incluyendo a amigos que perdieron un bebé debido al estrés de la noticia.
La fiscalía y la acusación particular han solicitado indemnizaciones superiores a 200.000 euros para la pareja, en reconocimiento a las secuelas físicas y emocionales sufridas.
