Cuatro exmiembros de ETA han confesado ante el juez de la Audiencia Nacional su participación en un intento de atentado contra los periodistas Aurora Intxausti y Juan Palomo. El ataque, planeado para el 10 de noviembre de 2000, involucraba un artefacto explosivo oculto en una maceta colocada en la entrada de su vivienda en San Sebastián.
Durante la audiencia, la fiscal solicitó 74 años y cuatro meses de prisión para los acusados: Imanol Miner Villanueva, Asier García Justo, Jon Zubiaurre, y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi. Sin embargo, debido a las leyes vigentes, el máximo aplicable es de 30 años. Los acusados ya han cumplido este tiempo en prisión por otros delitos relacionados con ETA.
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El artefacto explosivo fue diseñado para activarse al abrir la puerta de la vivienda, pero un fallo técnico impidió su detonación. La carga contenía más de dos kilos de dinamita y metralla, lo que podría haber causado consecuencias devastadoras, según testigos de la Guardia Civil y la Ertzaintza.
Juan Palomo recordó el momento crítico cuando abrió la puerta: «Al abrir, escuché un sonido como un petardo y vi la maceta. Inmediatamente le dije a Aurora que se alejara con nuestro hijo y llamé a la Ertzaintza».
Este intento de atentado cambió radicalmente la vida de la pareja. Se vieron obligados a abandonar el País Vasco y trasladarse a Madrid, viviendo bajo constante protección. «Mi padre murió dos años después, y en su funeral en Bilbao estuve rodeado de escoltas», relató Palomo.
Aurora Intxausti también compartió su experiencia: «Ver la maceta con el cable me descontroló. Entré en una nebulosa mientras intentaba calmar a nuestro hijo». La situación les obligó a vivir con escoltas, afectando profundamente su vida personal y profesional.
El impacto psicológico del atentado ha sido duradero. Intxausti mencionó que sigue bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico, y que el evento afectó a su círculo cercano, incluyendo a amigos que perdieron un bebé debido al estrés de la noticia.
La fiscalía y la acusación particular han solicitado indemnizaciones superiores a 200.000 euros para la pareja, en reconocimiento a las secuelas físicas y emocionales sufridas.
