El magistrado Antonio del Moral, uno de los jueces del Tribunal Supremo que firmó la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, se encuentra en el centro de una nueva controversia. Se ha dado a conocer que Del Moral fue codirector de la tesis doctoral del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, quien defiende a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en varias causas judiciales. Este hecho ha suscitado interrogantes sobre posibles vínculos entre el juez y el letrado, que podrían afectar a la imparcialidad de los procedimientos en los que están involucrados.
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El abogado Rodríguez-Ramos defendió su tesis doctoral el 15 de octubre de 2024 en la Universidad Complutense de Madrid, el mismo día en que la Sala de lo Penal del Supremo aprobó abrir una causa contra García Ortiz. El trabajo, titulado «Identidad fundamental de la actuación empresarial punible», fue codirigido por Del Moral y Alfredo Liñán Lafuente, profesor titular de Derecho Penal en la UNED. En los agradecimientos de la tesis, Rodríguez-Ramos destacó la “sabia guía” de ambos directores, mostrando gratitud por su apoyo durante el proceso de investigación.
Rodríguez-Ramos, con más de 20 años de experiencia como abogado, es el encargado de defender a González Amador en varios procesos judiciales de gran relevancia, incluido uno por fraude fiscal y otro por corrupción en los negocios.
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La situación ha generado un clima de polémica, ya que la relación entre Del Moral y Rodríguez-Ramos se da en el marco de un caso de gran impacto político. La posible falta de imparcialidad ha sido un tema recurrente en el proceso, especialmente después de que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, cuestionara la composición del tribunal por haber participado anteriormente en decisiones clave del caso. A pesar de las críticas, la Sala de lo Penal desestimó las recusaciones y continuó con la deliberación.
La controversia también ha cobrado fuerza debido a que Del Moral no solo fue codirector de la tesis de Rodríguez-Ramos, sino también de otra tesis defendida por el abogado Álvaro Bernad Sánchez, quien representó a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en la acusación popular contra García Ortiz. Además, tres magistrados del tribunal que condenó a García Ortiz participaron en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) poco después de la sentencia, lo que ha aumentado las sospechas sobre la imparcialidad de los jueces involucrados.
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En el marco de esta situación, la recusación de los magistrados fue planteada, pero finalmente desestimada. Aunque la legislación sobre causas de abstención de los jueces es clara en cuanto a los vínculos familiares o personales, no se contempla explícitamente una relación académica como causa de apartar a un magistrado, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la objetividad del proceso judicial.
