La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia, inapelable, avalando las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Las reacciones de las organizaciones de la Guardia Civil no se han hecho esperar. La AEGC solicita un nuevo protocolo que garantice la seguridad jurídica de los guardias civiles sobre las devoluciones en caliente. IGC asegura que «Europa no está dispuesta a abrir las puertas a todo aquel que venga» y APROG pide una rectificación pública de las Organizaciones de defensa de los DDHH y de los medios de comunicación
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha hecho público este jueves el fallo sobre el recurso presentado por España ante la condena por dos devoluciones en caliente producidas en Melilla en 2014. La sentencia, que avala las devoluciones en caliente y asegura que no se están vulnerando los derechos humanos, tenía que haberse dictado hace 16 meses, y va a suponer un punto de inflexión en la política migratoria europea y española.
Las reacciones por parte de organizaciones de defensoras de Derechos Humanos y de asociaciones de la Guardia Civil no se han hecho esperar. Durante la primera hora de esta tarde CEAR y la APDHA mostraban su «disgusto» por este cambio radical en la sentencia del Tribunal. A las pocas horas, ha sido el turno de las diferentes organizaciones de la Guardia Civil.
La AEGC reclama un protocolo de actuación que proteja a la Guardia Civil
Por su parte, la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) ha lamentado que los guardias civiles son «los grandes sufridores de una normativa de difícil interpretación, ya que un principio, la sala del Tribunal Europeo de Derechos humanos considero que se había violado los derechos de estos dos inmigrantes«.
AEGC «respeta todas las decisiones judiciales» aseveran, «porque es nuestra obligación y porque no tendría sentido cuestionar decisiones judiciales que deben ser interpretadas por expertos en esta materia», explican, pero afirman que «como no podría ser de otra manera, esta nueva sentencia debe servir para que el Ministro del Interior de las ordenes que considere oportunas para redactar un protocolo de actuación para evitar que se cuestionen las actuaciones de los guardias civiles y, por supuesto, garantizar la legitimidad de sus actuaciones».
IGC asegura que «Europa no está dispuesta a abrir las puertas a todo aquel que venga»
Desde Independientes de la Guardia Civil han señalado que esta sentencia «es consecuencia del régimen jurídico interno e internacional y de los convenios y tratados internacionales suscritos por España o por la Unión europea que nos integra». En este sentido, asegura que «la Unión Europea, al igual que Gran Bretaña, no están dispuestas a abrir las puertas a todo aquel que venga si no acreditan medios de vida para mantenerse».
IGC señala que el papel de la Guardia Civil es el controlar que quienes vengan a España lo hagan por los pasos fronterizos habilitados, y defiende que sea la Benemérita quien impida el paso de aquellas personas que tengan por finalidad «la estancia y permanencia sin unos requisitos mínimos impuestos por razones de orden público y seguridad».
En esta línea, IGC asegura que «si por razones humanitarias y económicas, cuando sean aconsejables para los países europeos, pueden establecerse las formas de entrada» de las personas migrantes, y en ese caso, asegura que «la Guardia Civil se pondrá al servicio del interés general de España y del ordenamiento jurídico«.
APROG quiere que las Organizaciones de defensa de DDHH se disculpen públicamente
Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha recibido «con satisfacción» la reciente sentencia del TEDH, que «supone un espaldarazo a las actuaciones de los Guardias Civiles de Melilla y Ceuta en su lucha contra la inmigración ilegal». Desde la organización se congratulan de que esta decisión, adoptada por unanimidad de los 17 Magistrados del Tribunal e inapelable, reconozca que España «no viola ninguna Convención al rechazar a Marruecos a los inmigrantes que intentan cruzar violentamente las vallas de Ceuta y de Melilla».
Desde APROGC recuerdan que llevan años «clamando en el desierto, contra viento y marea, defendiendo que las actuaciones de los guardias civiles son legales y por enésima vez los tribunales nos vuelven a dar la razón«.
Desde esta organización se han mostrado críticos con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y se preguntan «¿ahora qué? ¿Qué nueva campaña de difamación van a dirigir las ONGs de turno contra los guardias civiles de Ceuta y Melilla? ¿Qué otras organizaciones van a prestarse esta vez para bailarle el agua a quienes no hacen otra cosa que utilizar las subvenciones públicas para arremeter contra los Guardias Civiles?».
«Exigimos que se disculpen públicamente todos aquellos que han puesto en duda sistemáticamente la legalidad de nuestras actuaciones en frontera, y a aquellos medios de comunicación que informan sin ningún rigor dando por hecho que nuestras actuaciones en frontera son ilegales les exigimos una rectificación inmediata«, defienden.
Desde APROG han apuntado que «todas y cada una de las causas judiciales seguidas contra los compañeros de Ceuta, Melilla y GRS han sido archivadas sistemáticamente». Y que pese a ello, «algunos continúan manoseando el buen nombre de la Guardia Civil haciendo una asquerosa utilización del problema de la inmigración según les conviene».
Sobre las devoluciones en caliente, APROG pide que «las fuerzas políticas firmen un Pacto de Estado de Inmigración en torno al Acuerdo de Readmisión de 1992 firmado con Marruecos, que permita que los inmigrantes sean identificados, asistidos sanitariamente, atendidos por un abogado, estudiada la eventual petición de asilo y dado el caso puestos en frontera en el menor tiempo posible».
«Todos sabemos que nadie rectificará, nadie dimitirá, ni asumirá errores, ni pedirá disculpas. Pero nos queda el consuelo de poder felicitar, con más orgullo si cabe, a los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, a los desplegados en todo el territorio nacional y muy especialmente a los que han sido sometidos injustamente a procedimientos judiciales por su trabajo en las vallas de Ceuta y Melilla».
