La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) afronta una nueva etapa de tensión tras anunciarse la dimisión de su secretario general, Juan Manuel Parrado Sobrino, con efectos a partir del 9 de noviembre. Su decisión fue comunicada al presidente de la CECE el 2 de octubre, y poco después al resto de la Junta Directiva. Aunque se alude a comunicaciones previas fechadas el 22 de septiembre y otra del mismo 2 de octubre para explicar los motivos del cese, hasta el momento esos escritos no se han hecho llegar a todos los integrantes del órgano directivo.
Según la información remitida, la carta dirigida al presidente el 2 de octubre y la anterior del 22 de septiembre contienen las razones de su decisión. Sin embargo, la propia comunicación enviada a la Junta Directiva señala que será el presidente quien “dé cuenta de la decisión adoptada por el secretario general de acuerdo con las competencias previstas en los Estatutos”.
Batalla judicial pendiente tras las elecciones del 16 de abril
El anuncio de la dimisión llega mientras la CECE está inmersa en un procedimiento judicial derivado de las elecciones celebradas el 16 de abril de 2026. Desde entonces, varios miembros y empresas involucradas en el proceso electoral han interpuesto una demanda contra la CECE solicitando la “nulidad radical” de dichos comicios.
Entre los argumentos presentados por los demandantes que encabezan Juan Goñi y Juan José Díaz, se incluye la falta de acceso al censo electoral, discrepancias sobre los avales exigidos, criterios distintos aplicados para votar mediante poderes notariales, y acusaciones de vulneración de los principios de transparencia, igualdad y neutralidad por parte de la Mesa Electoral. Se señala, por ejemplo, que empresas reunían poderes notariales similares, pero a unas se les permitió votar y a otras no.
La diferencia entre la presidente reelecta, Arantxa Campos, y sus competidores fue de tan solo cinco votos, lo que aumenta la relevancia de las posibles irregularidades. En opinión de Juan José Díaz, los documentos recabados, la gravedad de los hechos y testimonios disponibles otorgan probabilidades altas a que el juzgado decrete la anulación del proceso electoral, si así lo considera procedente.
Normativa interna y estructura de la CECE en la polémica actual
Los estatutos recientes de la CECE establecen que la Asamblea General aprueba al presidente y a los miembros de la Junta Directiva, cuyos mandatos duran cuatro años, según actas y boletines oficiales. Las asociaciones deben cumplir requisitos como antigüedad mínima, estar al corriente de las cuotas y presentar avales cuando así lo exijan los estatutos. El secretario general es nombrado por la Junta Directiva, a propuesta del presidente, y tiene entre sus funciones la gestión administrativa, económica y de recursos humanos de la entidad.
En julio de 2025, la CECE aprobó una reforma estatutaria y el nuevo Código Ético y de Buen Gobierno, que introdujeron mecanismos orientados a reforzar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la entidad. Entre esos cambios, aquellos relacionados con el proceso electoral, como los requisitos de avales, el acceso al censo electoral y la neutralidad de la Mesa Electoral, han cobrado relevancia precisamente ahora en los litigios pendientes.
La Ciudad Autónoma reconoce públicamente que cualquier modificación estatutaria ha sido registrada formalmente en el Boletín Oficial de la Ciudad con el visto bueno del secretario general en aquel momento, lo que añade otra dimensión jurídica relevante al momento actual.
La dimisión de Parrado Sobrino y la disputa judicial en curso plantean dudas sobre la estabilidad interna de la CECE, su credibilidad ante los asociados y la eficacia de los mecanismos internos diseñados para evitar precisamente los problemas señalados en la demanda. En los próximos días, la carta que supuestamente explica su decisión podría arrojar luz sobre si la salida del secretario general está vinculada al conflicto electoral o responde a circunstancias ajenas.
