La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que el gobierno ofreció luz verde a un segundo ataque contra supervivientes de una lancha sospechosa de narcotráfico, tras un primer bombardeo en aguas internacionales del Caribe. Dicha operación —que tuvo lugar el 2 de septiembre— había sido revelada por The Washington Post, que informó de un supuesto mensaje del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenando “matar a todos”.
Según la versión oficial, Hegseth dio la autorización general al almirante Frank Bradley, y no emitió directamente la orden específica del segundo ataque. Leavitt sostuvo que la acción se inscribe bajo lo que describió como legítima defensa contra narcoterroristas organizados, y que la operación cumplió con las leyes de guerra pertinentes.
Denuncias de “crimen de guerra” — y presión bipartidista en el Congreso
La revelación ha desatado una fuerte polémica en Washington. Legisladores tanto demócratas como republicanos han exigido una investigación urgente, por considerar que atacar supervivientes indefensos podría constituir un crimen de guerra.
El liderazgo de los comités de Servicios Armados en la Cámara de Representantes y el Senado se comprometió a una “supervisión rigurosa”, con comparecencias públicas y solicitud de documentación clasificada sobre la operación.
Choque interno en la Casa Blanca y dudas sobre su narrativa
El conflicto ha generado tensión interna en la propia administración. El presidente Donald J. Trump afirmó no haber conocido el segundo ataque y dijo no haber dado orden alguna al respecto, aunque aseguró que confía en Hegseth.
Mientras tanto, el Pentágono ha recibido críticas por la falta de transparencia: no ha proporcionado pruebas concretas —como videos o interceptaciones— que demuestren una amenaza directa desde los supervivientes. Expertos en derecho internacional recuerdan que, bajo esas circunstancias, el ataque a personas ya fuera de combate podría violar normas de los conflictos armados.
Por qué este caso sacude la política y la ética militar de EE. UU.
Este incidente representa un punto de inflexión para la estrategia militar del gobierno en el Caribe: por primera vez se da luz verde a lo que muchos consideran ejecuciones sumarias bajo el paraguas de la “guerra contra el narcotráfico”. Si el Congreso eventualmente concluye que hubo violaciones legales o crímenes de guerra, las consecuencias podrían ser profundas —tanto en tribunales como en la política estadounidense.
Además, el caso pone bajo lupa el uso de la fuerza en operaciones fuera del despliegue tradicional de guerra, abriendo un debate urgente sobre los límites éticos y jurídicos de las intervenciones militares en alta mar.
