La Comisión de Seguimiento del “Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia” se ha reunido este lunes en el Ministerio del Interior
La Comisión de Seguimiento del “Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia”, reunida este lunes en el Ministerio del Interior, promoverá la formación de trusted flaggers o comunicantes fiables para combatir el discurso de odio ilegal en las redes sociales.
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Esta medida, que se definirá en los próximos meses, es uno de los pasos que permitirá implantar el “Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea”, presentado en marzo. El protocolo nació como una herramienta para reforzar la colaboración entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft y TikTok) en la lucha contra el discurso de odio en redes sociales.
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En la Comisión de Seguimiento, la undécima celebrada desde la firma del Acuerdo en 2015, han estado presentes el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, que ocupa la Secretaría Técnica del Acuerdo, y el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio de Interior, José Antonio Rodríguez, que ha presidido la reunión en la sede del Ministerio. Durante 2022, la presidencia de la Comisión la ocupará la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Al encuentro han asistido también representantes de las instituciones firmantes del acuerdo, así como observadores de la sociedad civil. Las instituciones están participando también en la elaboración del “Marco estratégico de ciudadanía, inclusión y contra el racismo y la xenofobia 2021-2027”.
ACUERDO EN VIGOR DESDE 2015 Y RENOVADO EN 2018
El “Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia” se firmó en 2015 y se renovó en septiembre de 2018. Está suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Centro de Estudios Jurídicos y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el Acuerdo participan como observadores de la sociedad civil siete plataformas: el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación; la Plataforma del Tercer Sector; la FELGTB; el Consejo Estatal del Pueblo Gitano; y la Plataforma de la Infancia.
