El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha admitido a trámite el recurso presentado por Eduardo Esteban, fiscal de Sala de Menores, cuyo nombramiento fue anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo. La decisión ha generado controversia, siendo criticada por la presunta usurpación de competencias del Supremo.
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El Pleno del Tribunal Constitucional, con el voto favorable de siete magistrados considerados afines a la izquierda, decidió este martes admitir a trámite el recurso de Eduardo Esteban. El fiscal había sido designado en dos ocasiones por la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, pero su nombramiento fue anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por «falta de motivación».
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El Constitucional justificó su decisión al considerar que el recurso presenta una «especial trascendencia constitucional» al plantear un problema jurídico que afecta un derecho fundamental sin precedentes en su jurisprudencia. La ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, respaldada por Conde-Pumpido, fue clave para esta admisión, a pesar de que un informe inicial de los letrados del Tribunal proponía rechazarlo por falta de contenido constitucional.
Fuentes jurídicas criticaron esta medida, señalando que Conde-Pumpido ha tomado decisiones similares en el pasado que implican la intervención en competencias del Supremo. Entre los casos mencionados se encuentran la amnistía encubierta a los condenados por los ERE de Andalucía y la exoneración del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
La figura de Eduardo Esteban ha sido controvertida desde su designación. Apodado el «fiscal anti-PP», Esteban ha sido objeto de numerosas polémicas por su confrontación con el Partido Popular en varias causas judiciales. Su nombramiento fue anulado por el Supremo en dos ocasiones, una situación que Esteban intentó revertir mediante incidentes de nulidad, todos rechazados.
La admisión del recurso por parte del Constitucional plantea nuevas interrogantes sobre la separación de poderes y la independencia judicial, en un contexto donde la imparcialidad del Tribunal Constitucional está siendo cuestionada por sectores críticos con su actual composición.
