La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha decidido aceptar a trámite el recurso de amparo presentado por Dolores Delgado contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su nombramiento como fiscala de sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Este ascenso, decidido por el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue cuestionado por el Supremo, que en noviembre de 2023 lo consideró un caso de «desviación de poder» al considerar que se trataba de un nombramiento irregular debido a la cercanía personal y profesional entre García Ortiz y la exministra de Justicia.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por una mayoría progresista de 7 magistrados frente a 5 conservadores, ha decidido revisar la sentencia del Supremo, argumentando que el recurso de Delgado plantea una cuestión de «especial trascendencia constitucional» que afecta a un derecho fundamental sin una doctrina previa por parte del tribunal. Esta decisión no ha sido unánime, y se ha anunciado que los magistrados del bloque conservador presentarán un voto particular en desacuerdo con la admisión del recurso.
El caso comenzó en octubre de 2022, cuando Dolores Delgado fue ascendida a fiscala de sala, un cargo de máxima categoría dentro del Ministerio Público, en una decisión que fue tomada por García Ortiz. La designación de Delgado, quien no tenía experiencia en justicia castrense, generó polémica dentro del ámbito judicial. A pesar de contar con el apoyo de algunos miembros del Consejo Fiscal, el ascenso fue impugnado por Luis Rueda, quien se especializa en temas jurídicos relacionados con lo militar y que obtuvo el respaldo de la Asociación de Fiscales (AF).
En su fallo de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo anuló el ascenso de Delgado, argumentando que el nombramiento no cumplió con los criterios de «mérito» establecidos para este tipo de decisiones y que existía una sombra de favoritismo, al tratarse de una designación vinculada a una relación cercana entre la exministra y García Ortiz. El Supremo resaltó que las vacantes deben ser cubiertas principalmente siguiendo el principio del mérito y que la actuación del fiscal general había sido improcedente.
El Constitucional ha considerado que la cuestión planteada por Delgado no solo afecta a su caso personal, sino que también tiene implicaciones de relevancia social y jurídica, lo que hace que el tribunal se encargue de examinar el fondo del asunto. Aún no se sabe cuándo se tomará una decisión definitiva, pero la admisión del recurso da pie a una nueva fase en este polémico caso que sigue generando debate sobre la transparencia y la objetividad en los nombramientos dentro de la judicatura y la fiscalía española.
