El Gobierno solicitará a la Fiscalía que investigue posibles delitos cometidos por las plataformas digitales X, Meta y TikTok relacionados con la creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. La decisión se formalizará este martes en el Consejo de Ministros, que invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para instar la apertura de diligencias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida a través de un mensaje en redes sociales, donde afirmó que «la impunidad de los gigantes debe acabar» y advirtió de que algunas plataformas «están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas». Según el jefe del Ejecutivo, el Estado debe actuar ante contenidos ilícitos que afecten a menores.
Protección de la infancia en el entorno digital
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que la iniciativa supone un paso más para garantizar los derechos de la infancia en internet. Recordó que en enero el Ejecutivo ya solicitó a la Fiscalía que investigara si X había incurrido en delitos relacionados con pornografía infantil y destacó que ahora se amplía la actuación a las grandes plataformas.
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El Gobierno pretende reforzar la cooperación con el Ministerio Fiscal para esclarecer posibles responsabilidades penales derivadas de la difusión de contenidos ilícitos, especialmente aquellos que involucren a menores o que se generen mediante herramientas de inteligencia artificial.
Plan contra abusos y manipulación en redes
La petición a la Fiscalía se enmarca en un paquete de cinco medidas anunciadas por el presidente el pasado 6 de febrero para combatir actividades criminales en redes sociales. Entre ellas, se incluye la persecución de la manipulación de algoritmos que utilicen datos sin consentimiento, la exigencia de responsabilidades penales a las compañías que no retiren contenidos ilegales y la creación de una «huella de odio y polarización» que permita medir el impacto de estas plataformas en la sociedad.
Asimismo, el Ejecutivo estudia limitar el acceso a redes sociales a los menores de 16 años como parte de su estrategia de protección de la infancia en el entorno digital.
El Gobierno insiste en que trabajará de forma coordinada con la Fiscalía para esclarecer posibles delitos y depurar responsabilidades si se confirma la difusión de contenidos ilegales en estas plataformas.
