La patronal CEOE, por boca de su presidente, Antonio Garamendi, defendió la «libertad» de las compañías para operar en el territorio. El representante saharaui en España advierte que toda actividad sin su consentimiento vulnera el Derecho Internacional y obstaculiza la autodeterminación.
La Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos ha dejado abierta una nueva polémica en el ámbito económico tras las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que han provocado la inmediata reacción del Frente Polisario.
Durante el Foro Empresarial España-Marruecos, celebrado en la sede de la patronal, Garamendi subrayó que las empresas españolas son «libres de invertir donde consideren», incluyendo el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización y ocupado militarmente por Marruecos.
Advertencia legal del Polisario
En respuesta a la postura de la CEOE, Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, lanzó una contundente advertencia a El Independiente: el movimiento emprenderá acciones legales contra cualquier compañía española que invierta en el Sáhara sin su consentimiento.
Arabi acusó a Garamendi de obviar el marco legal que rige el territorio, recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya anuló acuerdos que incluían al Sáhara Occidental sin la autorización del Polisario, reconocido como su representante legítimo.
«Por supuesto las empresas son libres de invertir donde consideren. Sin embargo, no pueden hacerlo vulnerando el Derecho Internacional», advirtió Arabi.
El diplomático saharaui fue explícito al señalar que toda actividad económica no autorizada por el Polisario contribuye directamente a la ocupación del territorio, vulnera los derechos de la población saharaui y obstaculiza su derecho a la autodeterminación.
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Riesgo de vulneración de derechos humanos
El Polisario advierte que su estrategia será estudiar caso por caso para sentar jurisprudencia en los tribunales contra las empresas que operen bajo control marroquí.
«La implicación directa en infinidad de vulneraciones de Derechos Humanos recaerá sobre cada una de las empresas que decida instalarse allí», insistió Arabi.
El conflicto arrastra además consecuencias para los consumidores europeos, ya que el representante del Polisario denuncia que los productos procedentes del Sáhara no se etiquetan adecuadamente, afectando al derecho a la información y transparencia.
La advertencia se produce en un momento de acercamiento político entre Madrid y Rabat, tras el giro del Gobierno español de 2022 en favor de la propuesta marroquí de autonomía.
