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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en segunda vuelta, el ambicioso proyecto de ley destinado a transformar el sistema educativo español. La norma, defendida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, busca reducir el número de alumnos por clase y aligerar la jornada lectiva del profesorado, cumpliendo así con la promesa de situar a los docentes en el centro de la legislatura.
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Claves de la nueva normativa: Menos alumnos, más atención
El proyecto de ley establece un nuevo marco para las ratios escolares y las horas de docencia directa, con el objetivo de garantizar una educación más personalizada y equitativa en todo el territorio nacional.
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1. Reducción de ratios (Alumnos por aula)
La implantación será progresiva para facilitar la adaptación de los centros, culminando en el curso 2031-2032:
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- Primaria: El máximo baja de 25 a 22 estudiantes. (Inicio en 2027-2028).
- Secundaria: El máximo baja de 30 a 25 estudiantes. (Inicio en 2028-2029).
- Bachillerato: Implantación prevista para el curso 2029-2030.
2. Jornada docente
Se fija un tope máximo legal de horas lectivas para homogeneizar las condiciones en todas las comunidades autónomas:
- Infantil, Primaria y Especial: Máximo de 23 horas semanales.
- Secundaria y Bachillerato: Máximo de 18 horas semanales.
Inclusión prioritaria: El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como doble plaza en todos los centros sostenidos con fondos públicos, una medida que entraría en vigor el próximo curso 2026-2027.
Calendario y desafíos parlamentarios
A pesar del optimismo del Ejecutivo, la norma afronta un camino complejo. Aunque el calendario prevé que los cambios en la jornada docente y el cómputo de las NEEs arranquen el próximo curso, la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado podría dilatar los plazos. Con el periodo de sesiones ordinarias finalizando en junio, el margen para enmiendas es estrecho.
Por otro lado, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han manifestado la necesidad de contar con más tiempo y recursos para la implantación de estas medidas, dada la carga presupuestaria que supone la contratación de nuevo personal.
Un consenso con matices
La ministra Tolón ha destacado que la ley cuenta con el respaldo unánime del Consejo Escolar del Estado y el consenso de los sindicatos. No obstante, la comunidad educativa sigue presionando para que la «doble plaza» se extienda a cualquier perfil de vulnerabilidad socioeconómica y para que la reducción de jornada alcance también a la enseñanza concertada.
Para abordar estas desigualdades, el proyecto incluye la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, permitiendo identificar y dotar de más recursos a los centros situados en entornos de especial complejidad.
