El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado hoy un mensaje de contundencia y tranquilidad respecto al proceso de regularización de extranjeros en España. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior ha garantizado que la seguridad nacional y el orden público serán criterios infranqueables para la obtención de permisos de residencia.
El ministro ha sido tajante: ninguna persona que suponga un riesgo para la seguridad será regularizada, incluso si no cuenta con una condena firme en su historial.
Filtros de seguridad y antecedentes penales
La comparecencia de Marlaska ha servido para aclarar el alcance de la instrucción emitida por Instituciones Penitenciarias, que obliga a informar a los presos preventivos sobre los trámites de regularización. El ministro ha desglosado quiénes quedan automáticamente excluidos del proceso:
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- Presos con condena firme: Aquellos que actualmente cumplen sentencia.
- Ex-reclusos: Personas que ya han cumplido su pena pero mantienen antecedentes.
- Presos preventivos con antecedentes: Reclusos a la espera de juicio que ya cuentan con delitos previos en su historial.
«Las personas con antecedentes penales no podrán solicitar la medida», ha recalcado el ministro, subrayando que el sistema busca ser «muy garantista» tanto para el solicitante como para el conjunto de la sociedad española.
El informe de la Policía Nacional: un documento «sustancial»
Más allá de los antecedentes judiciales, el Ministerio del Interior ha otorgado un peso determinante a la labor de la Policía Nacional. Cada expediente de regularización contará con un informe de seguridad elaborado por el cuerpo policial.
Este documento será clave para denegar la residencia a aquellos migrantes que, aun sin tener antecedentes penales previos, sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional bajo criterios policiales.
Marlaska ha concluido su intervención mostrando su total confianza en que estos informes serán «procedentes y oportunos», sirviendo de base sólida para que las resoluciones finales prioricen, en todo momento, la seguridad pública del país.
