En un esfuerzo por calmar las crecientes alarmas sobre la seguridad en las próximas elecciones legislativas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha asegurado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizarán misiones ni patrullarán los colegios electorales en noviembre.
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La declaración se produjo durante una reunión telemática encabezada por Heather Honey, responsable de seguridad electoral del DHS, quien calificó de «desinformación» cualquier rumor sobre la presencia de fuerzas federales de inmigración en las urnas el próximo 3 de noviembre.
Escepticismo entre los funcionarios estatales
A pesar de las garantías ofrecidas por Washington, el anuncio ha sido recibido con desconfianza por varios secretarios de Estado, especialmente en sectores demócratas. El recelo se fundamenta en dos factores clave:
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- El perfil de Heather Honey: La funcionaria es cuestionada por haber sostenido públicamente que las elecciones de 2020 fueron objeto de fraude. El secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, expresó abiertamente su escepticismo al declarar que no puede «depender de una negacionista electoral para obtener la verdad».
- Tensión en Mineápolis: El temor a la presencia federal se ha intensificado tras los recientes y violentos operativos del ICE en Minnesota. A principios de año, la ciudad de Mineápolis vivió jornadas de alta tensión tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante redadas migratorias, lo que ha generado un clima de miedo sobre el alcance de las fuerzas federales en espacios públicos.
Competencias electorales y control federal
En Estados Unidos, la organización de los comicios recae constitucionalmente en los estados. Sin embargo, este equilibrio se encuentra bajo presión debido a las sugerencias del expresidente Donald Trump de federalizar el control electoral para, según su versión, evitar un fraude masivo del que hasta ahora no se han presentado pruebas.
La directiva del DHS busca desvincular la política de control migratorio del proceso democrático, asegurando que el despliegue de agentes en ciudades como Mineápolis —donde se ha registrado el mayor despliegue federal desde la invasión de Irak— no se trasladará a los centros de votación.
