La crisis migratoria registrada recientemente en Ceuta ha vuelto a situar en primer plano uno de los debates más controvertidos de la Unión Europea: qué hacer con las personas que reciben una orden de expulsión y hasta qué punto puede trasladarse parte de esa gestión a terceros países.
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Italia y Dinamarca han reclamado avanzar en la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario, una fórmula que recuerda al modelo impulsado por el Gobierno italiano en Albania, aunque el nuevo marco europeo abre la puerta a mecanismos diferentes y más amplios.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, defendieron en un comunicado conjunto la necesidad de reforzar las políticas de retorno y evitar lo que califican como “inmigración descontrolada”.
Italia y Dinamarca reclaman centros de retorno en terceros países
Aunque pertenecen a familias políticas diferentes, Meloni y Frederiksen coinciden en reclamar una política migratoria europea más centrada en el control de las fronteras y las devoluciones.
Ambas consideran que la UE debería avanzar en acuerdos con países externos para establecer instalaciones destinadas a personas que ya tengan una decisión firme de retorno.
La idea ha cobrado fuerza dentro del debate comunitario después de los acontecimientos de Ceuta y de la entrada en aplicación del nuevo marco europeo de migración y asilo.
Qué son los llamados centros de retorno
La propuesta consiste en trasladar a determinados migrantes sujetos a una orden de expulsión a centros situados en países que no formen parte de la Unión Europea.
Para ello sería necesario que exista previamente un acuerdo entre las partes y que se cumplan las garantías previstas por la legislación europea y el Derecho internacional.
Entre ellas figura el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura u otros riesgos graves.
El modelo también contempla protecciones específicas para colectivos vulnerables y excluye determinadas situaciones, como las relacionadas con menores no acompañados.
La UE endurece su política de retornos
El debate sobre estos centros forma parte de una transformación más amplia de la política migratoria europea.
El nuevo sistema busca agilizar las expulsiones, aumentar la eficacia de los retornos y reducir el número de personas que permanecen en territorio comunitario después de recibir una decisión definitiva que les obliga a abandonarlo.
También se han planteado mayores periodos de detención administrativa en determinados supuestos y vetos de entrada más prolongados para quienes sean expulsados.
Estas medidas han generado un intenso debate entre quienes consideran que la Unión necesita herramientas más eficaces y quienes alertan de posibles riesgos para los derechos fundamentales.
El Pacto Europeo cambia la gestión en las fronteras
El Pacto de Migración y Asilo comenzó a gestarse en 2020 y fue aprobado definitivamente en 2024 tras años de negociaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
Su objetivo es establecer reglas comunes desde la llegada de una persona a la frontera hasta la decisión sobre su posible protección internacional o retorno.
Entre sus elementos centrales se encuentran controles fronterizos más rápidos, procedimientos acelerados de asilo y mecanismos de solidaridad entre Estados miembros.
La UE pretende así evitar que los países situados en las fronteras exteriores soporten en solitario la mayor parte de la presión migratoria.
Procedimientos más rápidos en las fronteras exteriores
El nuevo modelo permite realizar controles cerca de las fronteras exteriores para determinar con rapidez la identidad y situación de las personas que llegan.
También se pretende detectar posibles riesgos para la seguridad o la salud y determinar si corresponde tramitar una solicitud de protección internacional.
En determinados casos, las peticiones de asilo podrán ser examinadas mediante procedimientos acelerados.
El sistema también contempla la figura del “tercer país seguro”, que permite valorar si una persona puede ser trasladada a otro Estado donde, conforme a las garantías aplicables, no se encuentre expuesta a persecución o peligro.
Diecinueve países han reclamado apoyo para estos centros
Según la información facilitada, 19 Estados miembros han pedido a la Comisión Europea apoyo para desarrollar infraestructuras de retorno fuera del territorio comunitario.
Bruselas ha señalado que está dispuesta a estudiar propuestas suficientemente desarrolladas, aunque la iniciativa concreta debe partir de los propios Estados.
La cuestión financiera, jurídica y diplomática será clave para determinar si estos proyectos llegan finalmente a ponerse en marcha.
El modelo Albania de Meloni sigue bloqueado
Italia ya intentó aplicar un sistema similar mediante un acuerdo firmado en 2023 con Albania.
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El Gobierno italiano construyó dos centros: uno en Shëngjin, destinado inicialmente a recepción e identificación, y otro en Gjadër, donde se tramitarían procedimientos acelerados.
El acuerdo se dirigía principalmente a hombres adultos interceptados en el Mediterráneo y procedentes de países considerados seguros, siempre que no presentaran situaciones especiales de vulnerabilidad.
Sin embargo, el funcionamiento de estos centros se ha encontrado con obstáculos judiciales y permanece muy limitado.
Los tribunales cuestionan partes del sistema italiano
Las decisiones judiciales han puesto en duda algunos de los fundamentos utilizados para decidir qué países pueden considerarse seguros y bajo qué condiciones puede aplicarse un procedimiento acelerado.
El modelo permanece por ello pendiente de distintas resoluciones judiciales, entre ellas cuestiones relacionadas con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso italiano demuestra las dificultades legales que plantea trasladar a terceros países una parte de la gestión migratoria europea.
Italia quiere llevar el modelo a África
Pese a los problemas del sistema albanés, el Gobierno de Meloni quiere seguir explorando nuevos acuerdos.
El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha defendido la posibilidad de crear centros en países africanos de origen o tránsito.
Entre los Estados mencionados en las conversaciones aparecen países como Uganda, Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania o Egipto, aunque la existencia de contactos no significa que existan acuerdos cerrados.
La propuesta italiana busca convertir estos centros en una herramienta estable de la política europea de retornos.
Los críticos alertan de una externalización de responsabilidades
La creación de instalaciones fuera de la UE despierta fuertes críticas entre especialistas en derechos humanos y parte de los grupos políticos europeos.
La profesora de Derecho Internacional María Teresa Gil Bazo advierte de que trasladar personas a países con los que pueden no tener ningún vínculo puede dificultar la supervisión de sus condiciones y reducir las garantías efectivas.
Los críticos consideran que el sistema puede implicar una externalización de la política migratoria europea hacia países con estándares jurídicos y administrativos diferentes.
Sus defensores creen que Europa necesita nuevas herramientas
Los partidarios del modelo argumentan, por el contrario, que la UE necesita mecanismos efectivos para ejecutar las órdenes de expulsión.
Sostienen que uno de los problemas actuales es la diferencia entre el número de personas que reciben una decisión de retorno y aquellas que finalmente abandonan territorio europeo.
Desde esta perspectiva, los centros en terceros países serían una herramienta adicional y no necesariamente un sustituto del sistema de asilo o de las políticas de integración.
Ceuta vuelve a acelerar el debate migratorio europeo
La reciente crisis de Ceuta ha dado nuevos argumentos a los gobiernos que reclaman endurecer las políticas comunitarias.
Italia y Dinamarca vuelven a situar sobre la mesa la necesidad de reforzar los retornos, mientras otros sectores advierten de que cualquier respuesta debe respetar los derechos fundamentales, las garantías judiciales y las obligaciones internacionales de protección.
El debate se perfila como uno de los grandes asuntos políticos de la Unión Europea durante los próximos meses: cómo reforzar sus fronteras y aumentar los retornos sin debilitar las garantías que forman parte del propio marco jurídico europeo.
