El Gobierno de España ha decidido dividir el decreto conocido como “escudo social” tras el rechazo sufrido la semana pasada en el Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Junts votaron en contra de su convalidación al oponerse a algunas de las medidas incluidas. El objetivo del Ejecutivo es garantizar de forma urgente la revalorización de las pensiones y, de manera paralela, negociar el mantenimiento del resto de medidas sociales, entre ellas la moratoria de desahucios para familias vulnerables.
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El primer decreto que el Ejecutivo pretende aprobar en el próximo Consejo de Ministros estará centrado exclusivamente en la subida de las pensiones, con el fin de evitar retrasos en el cobro de las nuevas cuantías por parte de los jubilados. Desde el Gobierno consideran esta medida prioritaria y confían en que logre el respaldo parlamentario suficiente al quedar separada de otros asuntos más polémicos.
En un segundo texto normativo se incluirán las medidas del escudo social, como la prórroga de la moratoria de desahucios y la prohibición de cortar suministros básicos —luz, agua y gas— a hogares en situación de vulnerabilidad. Estas iniciativas han sido objeto de críticas por parte de la derecha, que sostiene que perjudican a los pequeños propietarios, aunque el Ejecutivo recuerda que la norma excluye los casos de ocupación ilegal.
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La decisión de fragmentar el decreto llega tras intensas negociaciones a varias bandas con los socios parlamentarios del Gobierno. Desde Sumar, formación que integra el Ejecutivo de coalición, insisten en que la protección social no debe debilitarse, aunque aceptan separar los textos siempre que se garantice la aprobación de todas las medidas.
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Por su parte, partidos como Junts y el PNV han reclamado ajustes en el sistema de compensaciones a los propietarios afectados por la moratoria, mientras que el PSOE subraya que estas políticas han permitido proteger a decenas de miles de familias vulnerables en los últimos años.
El Gobierno afronta esta negociación en un contexto de alta fragmentación parlamentaria, con el reto de preservar la estabilidad social sin poner en riesgo la frágil mayoría que sostiene al Ejecutivo, mientras la oposición presiona para aislar y limitar algunas de las medidas más emblemáticas del escudo social.
