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El Gobierno ha continuado en las últimas semanas con la estrategia diseñada para afianzar el respaldo de los socios que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y dotar de contenido político a lo que resta de legislatura. Sin embargo, en el Ejecutivo reconocen que Junts sigue siendo la pieza más difícil de encajar y que la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado continúa siendo una posibilidad remota.
Tras cerrar un 2025 marcado por un fuerte desgaste político debido a los casos de corrupción y acoso sexual que afectaron al PSOE, el presidente del Gobierno decidió mantener abierta la vía del diálogo con las fuerzas parlamentarias que sostienen su mayoría. En el balance político realizado en diciembre, Sánchez garantizó su disposición a negociar con todos los grupos y dio instrucciones a sus ministros para impulsar iniciativas de carácter progresista, preferentemente mediante fórmulas que no requieran el aval del Congreso, dada la compleja aritmética parlamentaria.
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En este contexto se enmarca el real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para una regularización masiva de inmigrantes. Aunque el Ejecutivo podía haber adoptado la medida de forma unilateral, permitió que fuera Podemos quien anunciara el acuerdo tras una negociación liderada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con la formación de Ione Belarra.
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Gestos hacia ERC, PNV y EH Bildu
El movimiento hacia Podemos se suma a otros guiños realizados en las últimas semanas a partidos clave para la investidura. Así, Sánchez dejó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, hiciera público el acuerdo alcanzado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tras su reunión del 8 de enero en el Palacio de la Moncloa.
A finales de 2025, el Gobierno también permitió que EH Bildu anunciara un pacto para la prórroga de medidas incluidas en el denominado escudo social, aunque estas han decaído temporalmente tras el rechazo en el Congreso del real decreto que las recogía, junto a la revalorización de las pensiones.
Asimismo, en plena escalada de críticas de la oposición por el accidente ferroviario de Adamuz, Sánchez recibió esta semana en Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, pocos días después de que ambos gobiernos acordaran cinco nuevas transferencias a Euskadi, entre ellas la gestión del subsidio por desempleo. En el encuentro también se pactó avanzar antes de Semana Santa en nuevas competencias, como la relativa a los aeropuertos vascos.
“Pico y pala” con Junts
Pese a estos avances, la relación con Junts continúa siendo la más compleja. Fuentes del Gobierno aseguran que seguirán trabajando “pico y pala” para recomponer la interlocución con el partido de Carles Puigdemont. En Moncloa interpretan como una jugada a doble banda el acuerdo con Podemos sobre inmigración, ya que ha abierto la puerta a que la formación morada apoye la delegación de competencias migratorias a Cataluña, una de las principales reivindicaciones de Junts.
Quedan pendientes otras exigencias del partido independentista, como la publicación de las balanzas fiscales, y en el próximo pleno del Congreso se debatirá una iniciativa de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia.
Sánchez ya expresó en diciembre su confianza en que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para su investidura permita abrir una “ventana de oportunidad” para normalizar la relación con Junts. Aunque la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró esta semana que los Presupuestos se presentarán en el primer trimestre del año, en el Ejecutivo asumen que su aprobación sigue siendo altamente improbable.
Con o sin nuevas cuentas públicas, en Moncloa dan por hecho que la legislatura seguirá adelante. El objetivo, subrayan, es reforzar el acercamiento a los socios de investidura para sacar adelante nuevas medidas con sello progresista que permitan sostener la acción del Gobierno hasta el final del mandato.
