El Gobierno ha reaccionado con una mezcla de ironía y escepticismo a los argumentos jurídicos con los que el Tribunal Supremo ha condenado al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque el Ejecutivo insiste en que acata la decisión —y prueba de ello es el nombramiento de la nueva fiscal general, Teresa Peramato— varios ministros han ridiculizado el fundamento central del fallo, que atribuye la filtración de un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso a García Ortiz “o alguien de su entorno”, pese a que en el juicio no se aportaron pruebas concluyentes.
Fuentes gubernamentales confían en que el Tribunal Constitucional termine dando la razón a García Ortiz cuando presente su recurso de amparo.
Ironía desde el Ejecutivo
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, ha sido la voz más crítica. En una entrevista en TVE, cuestionó el razonamiento jurídico del Supremo:
“He visto muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero que no puede ser otro”, afirmó.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también jurista, se sumó al tono sarcástico desde la red social X:
“Lo de Jack el destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así”, publicó, acompañado de un vídeo humorístico.
López fue más allá y reprochó que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quede al margen de responsabilidades:
“Quien debería dimitir es Miguel Ángel Rodríguez. Fue un bulo creado por la Comunidad de Madrid, pero todo eso da igual”, lamentó.
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Robles pide respeto al Supremo
En contraste, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó sumarse al choque con la judicatura y expresó su respaldo a la institución.
“Confío total y absolutamente en el Tribunal Supremo. Si no confiamos en todas las instituciones, la democracia no funciona”, advirtió.
Reacciones en la izquierda: del sarcasmo a la denuncia
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también utilizó la ironía para cuestionar el contenido de la sentencia, hablando de un nuevo concepto jurídico:
“La filtración sin filtrar”.
El partido difundió además un comunicado respaldando el voto particular de las dos juezas que consideran que el fallo no describe ni el cómo ni el dónde de la supuesta intervención de García Ortiz.
Desde Sumar, la reacción fue más grave. La formación llamó a “defender la democracia”, asegurando que la resolución judicial responde a intereses de los “grandes poderes” políticos y económicos:
“Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo”, denunció la coalición.
Podemos, por su parte, elevó el tono. La eurodiputada Irene Montero calificó el fallo de “golpista” y urgió a una respuesta política:
“No es momento de indignación, sino de responder democráticamente a la derecha golpista”, afirmó.
