El Ejecutivo mantiene su propuesta de una subida salarial acumulada del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028, un incremento que busca mejorar las condiciones salariales del sector público. Aunque los sindicatos siguen negociando, la oferta sigue vigente y se aguarda una resolución final.
El Ministerio de Función Pública ha confirmado que su propuesta de subida salarial para los empleados públicos sigue en pie, con un aumento acumulado del 11% durante el periodo 2025‑2028. Esta oferta se incluye dentro de un acuerdo que busca contener la pérdida de poder adquisitivo de los aproximadamente 3,5 millones de funcionarios, quienes han visto cómo la inflación ha reducido su capacidad de compra en los últimos años.
Aunque la propuesta sigue siendo el centro de la negociación entre el Gobierno y los sindicatos, se ha producido un consenso parcial sobre los términos del acuerdo, aunque algunos aspectos aún están pendientes de acuerdo. Los sindicatos han expresado que, si bien la oferta es una mejora, no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni el coste de la vida, que ha seguido creciendo en los últimos años.
La subida se distribuye en dos partes: un 4% en los dos primeros años (2025‑2026), y el resto del incremento en el bienio final (2027‑2028). En las negociaciones, se incluyen también otros aspectos como la promoción interna, la movilidad laboral y el refuerzo de las pensiones de destino, aunque los sindicatos piden que se detallen más los mecanismos de revisión salarial vinculados al IPC.
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El Gobierno subraya que el planteamiento responde a la necesidad de equilibrar el aumento salarial con el techo de gasto y las condiciones fiscales del país, que han sido afectadas por la inflación y otros factores económicos. A pesar de ello, los representantes sindicales mantienen que se debería mejorar aún más la oferta para evitar que el empleo público siga perdiendo competitividad respecto al sector privado.
En las próximas semanas, ambas partes se preparan para cerrar los detalles de un acuerdo que garantice la estabilidad en el sector público, a la vez que se aseguren los derechos laborales de los funcionarios.
