La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rastrea los vínculos de Danilo Alfonso Díazgranados con el empresario Julio Martínez, señalado como presunto testaferro del expresidente.
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MADRID – El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, ha puesto el foco de la investigación del caso Plus Ultra en las conexiones financieras internacionales de la trama. Según las últimas diligencias recogidas en el sumario, el juez rastrea la relación directa entre el bróker venezolano Danilo Alfonso Díazgranados y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el «lugarteniente» y presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
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Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntan a que Díazgranados —un financiero que lleva años bajo el radar de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos por la gestión de fondos públicos venezolanos— pudo haber utilizado diferentes vías, incluidos regalos de alta gama y flujos financieros, para aproximarse al entorno del exlíder socialista.
Cajas de vino en el domicilio de Zapatero
Los informes policiales integrados en la causa detallan que el bróker venezolano envió de forma periódica costosas cajas de vino al domicilio particular de Rodríguez Zapatero. Para la UDEF, estos obsequios no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia deliberada por parte de Díazgranados para «ganar el favor» del expresidente y consolidar su capacidad de influencia en España.
La investigación judicial sostiene la tesis de que la vivienda del exjefe del Ejecutivo central funcionaba presuntamente como el «espacio idóneo para la canalización de las instrucciones de mayor sensibilidad» de la organización, evitando así dejar rastro en sedes oficiales o canales de comunicación convencionales.
El origen de la trama: el rescate de la aerolínea
El caso Plus Ultra indaga en el presunto cobro de comisiones ilegales derivadas del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El juez Calama sospecha que la red utilizó este dinero público, sumado a un entramado societario opaco:
- Facturación simulada: La instrucción señala que se crearon hasta nueve empresas mercantiles (entre ellas Análisis Relevante S.L., propiedad de Julio Martínez) para emitir contratos de consultoría ficticios y justificar el desvío de los fondos.
- Tráfico de influencias: Los investigadores calculan que el entorno de Zapatero habría canalizado más de 490.000 euros en pagos encubiertos como contraprestación por mediar ante el Gobierno para asegurar la inyección de capital a la compañía aérea.
Ramificaciones con el oro y el petróleo
Los indicios recabados en el sumario sugieren que la supervivencia operativa de Plus Ultra era una pieza clave dentro de un engranaje mucho mayor. La Audiencia Nacional investiga si la aerolínea fue utilizada de manera coordinada por empresarios venezolanos para el blanqueo de capitales procedentes del contrabando de oro y del negocio del petróleo de Venezuela en el sistema financiero internacional.
La aparición del bróker Danilo Alfonso Díazgranados en los documentos de la UDEF refuerza la hipótesis judicial de una red internacional con un reparto de funciones sofisticado, que requería de conexiones políticas y empresariales del más alto nivel tanto en Madrid como en Caracas.
