El caso de Marc, un okupa de Sant Boi de Llobregat, ha sido revelado como un ejemplo extremo de la impunidad y el negocio lucrativo detrás de la ocupación ilegal en España. Con un historial de 225 denuncias y un patrimonio estimado superior al millón de euros, Marc utiliza el chantaje como modus operandi para extorsionar a propietarios de viviendas, aprovechándose de vacíos legales que impiden su ingreso en prisión.
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La ocupación ilegal ha dejado de ser únicamente un movimiento social para convertirse en un negocio para muchos. El caso de Marc, expuesto por el programa Espejo Público, ilustra cómo la multirreincidencia no es castigada severamente en este ámbito.
Un récord de impunidad
Marc ha acumulado un total de 225 denuncias por ocupación, pero nunca ha llegado a pisar la prisión. Esto se debe a que sus acciones se consideran delitos leves de usurpación, donde la multirreincidencia no se aplica. En cada caso, el okupa es condenado únicamente al pago de una multa.
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Según estimaciones del programa, Marc ha acumulado una fortuna de 1.125.000 euros, recibiendo una media de 5.000 euros por ocupación a pesar de no tener un trabajo conocido. Ha sido detenido en 31 ocasiones.
El ‘modus operandi’ del chantaje
El okupa reincidente siempre sigue un patrón similar, atacando principalmente a:
- Fondos de inversión.
- Entidades bancarias.
- Inmobiliarias.
Su método de actuación se basa en el chantaje para obtener un beneficio económico:
- Rescate al Propietario: Solicita un «rescate» o rescisión del contrato de hasta 17.000 euros al propietario original para abandonar el inmueble.
- Reventa de Llaves: Si el propietario se niega a pagar, revende las llaves de la vivienda a familias vulnerables por cantidades que pueden llegar hasta los 3.000 euros.
Aunque Marc es originario de Sant Boi de Llobregat, el municipio ha logrado una orden de alejamiento en su contra, impidiéndole volver a pisar el territorio catalán.
El debate de la vulnerabilidad y la ley
Este caso subraya la controversia sobre la protección de los okupas en situación de vulnerabilidad. La presidenta de Aprovij, Kathy, ha advertido sobre el final de la prórroga del Real Decreto 11/2020 el próximo 31 de diciembre, medida que impide el desalojo de okupas sin alternativa habitacional.
Kathy se ha mostrado tajante: «Basta de mirar a otro lado. Basta de premiar al que destroza y castigar al que trabaja». La presidenta de la asociación advierte que una nueva prórroga convertiría a las autoridades en «cómplices de cada hogar destruido, de cada propiedad arrasada, de cada propietario abandonado».
