La Cámara Alta aprueba una iniciativa que modifica el Código Penal para que interrumpir suministros en viviendas ocupadas ilegalmente no se considere delito de coacciones.
El Partido Popular ha aprobado en el Senado una iniciativa legislativa que busca modificar el Código Penal para permitir que los propietarios puedan cortar servicios básicos —como luz, agua o gas— en viviendas ocupadas de forma ilegal, sin que ello constituya un delito. La propuesta cuenta con el respaldo de otros partidos afines y ha generado debate sobre cómo garantizar la protección de los derechos de los ocupantes frente a la seguridad de los propietarios.
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La reforma concreta pretende dejar claro que el corte de suministros en una “finca ocupada ilegalmente” no puede considerarse coacciones, con el objetivo de clarificar criterios y evitar que los dueños se vean penalizados por ejercer medidas sobre sus propiedades. El PP argumenta que la legislación actual deja espacios grises que generan inseguridad jurídica y obliga a los propietarios a asumir responsabilidades indebidas frente a ocupaciones ilegales.
Con esta modificación, los populares buscan establecer un marco uniforme en todo el país que proteja a los propietarios de viviendas frente a situaciones de ocupación indebida, permitiéndoles actuar sin temor a sanciones penales por interrumpir suministros esenciales.
El siguiente paso será que la iniciativa pase al Congreso de los Diputados, donde se debatirá su tramitación y, en caso de aprobarse, podría convertirse en ley. Este movimiento evidencia la intención del PP de endurecer las medidas frente a la ocupación ilegal de viviendas y ofrecer a los propietarios herramientas legales para recuperar el control de sus inmuebles.
