El Partido Popular ha anunciado que está dispuesto a apoyar el aumento del salario de los funcionarios y de las pensiones, siempre que el Gobierno no mezcle estas medidas con otras iniciativas legislativas o económicas. Según fuentes de Génova, la formación busca que los incrementos lleguen de manera directa a los beneficiarios, sin que se vean diluidos por reformas fiscales, recortes u otras políticas que podrían disminuir su impacto real.
La decisión del PP llega en un contexto de alta tensión política, marcado por enfrentamientos continuos entre el Ejecutivo y la oposición sobre el rumbo de la economía y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Los populares insisten en que su respaldo dependerá de la claridad con la que se presenten las medidas y de que se garantice que los beneficiarios —funcionarios y pensionistas— noten un efecto tangible en sus bolsillos.
Además, desde Génova estudian también avalar el decreto que permitirá a los ayuntamientos flexibilizar la regla de gasto, siempre que los recursos se destinen exclusivamente a inversiones en vivienda. La medida pretende ofrecer a los consistorios mayor margen financiero para abordar la falta de vivienda y la mejora del parque público, un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos meses debido al aumento de los precios y la escasez de oferta asequible.
Expertos en política económica señalan que esta postura del PP busca reforzar su imagen como defensor de los trabajadores y pensionistas, al tiempo que condiciona su apoyo a decisiones concretas que permitan un impacto social directo. La decisión también pone presión sobre el Gobierno para que separe de manera clara las subidas de salarios y pensiones de otras medidas económicas que podrían generar controversia política.
Por su parte, analistas advierten que la negociación sobre la regla de gasto municipal podría convertirse en un punto clave de consenso, dado que ofrece beneficios tangibles para la ciudadanía sin comprometer significativamente las cuentas estatales. Sin embargo, advierten que la interpretación de “inversión en vivienda” podría ser objeto de debate y negociación entre el Ejecutivo central y los ayuntamientos.
Con esta postura, el PP busca posicionarse como un actor moderador en medio de la confrontación política, manteniendo su presión sobre el Gobierno pero abriendo la puerta a acuerdos concretos que tengan repercusión directa en la vida de los ciudadanos.
