El PSOE alerta del posible impacto que podría tener en el Gobierno cualquier filtración proveniente de los dispositivos intervenidos por la UCO —incluido un portátil vinculado a los intermediarios del encuentro— y reclama garantías sobre la custodia de esa información.
El PSOE ha manifestado su creciente preocupación ante la posibilidad de que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) conserve información delicada relacionada con una supuesta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que habría tenido lugar en 2018. En medio de una operación judicial reciente, se han intervenido varios dispositivos, entre ellos un portátil vinculado a los intermediarios del encuentro, lo que ha generado inquietud dentro del PSOE. La formación teme que dicha información, si se filtra o es divulgada, pueda dañar la imagen del Gobierno y crear un escándalo político de gran envergadura.
El temor radica en que la UCO haya recabado pruebas cruciales que incluyan detalles sobre las fechas, los temas tratados y la naturaleza del supuesto encuentro entre Sánchez y Otegi, lo que podría generar un clima de desconfianza tanto en el ámbito político como en el social. Aunque tanto el presidente Sánchez como los miembros de su equipo han desmentido la existencia de dicho encuentro, la especulación y el debate sobre su posible contenido siguen alimentando la presión política.
Internamente, algunos dirigentes del PSOE han expresado su inquietud sobre las posibles consecuencias de que estos archivos, ahora bajo custodia de la UCO, sean utilizados como prueba en futuras investigaciones judiciales. Las filtraciones de información sensible podrían afectar gravemente la imagen del partido y del propio presidente, además de generar una crisis política en un momento de alta tensión institucional.
En este contexto, algunos miembros del PSOE han solicitado garantías sobre la custodia y el manejo de estos datos, pidiendo transparencia en cuanto al acceso a la información contenida en los dispositivos intervenidos. La preocupación radica en que cualquier filtración podría reavivar la controversia sobre los supuestos pactos entre el Gobierno y EH Bildu, que podrían verse como compromisos políticos ocultos, lo que dañaría aún más la credibilidad del Gobierno.
Por otro lado, la oposición no ha tardado en exigir explicaciones públicas sobre el alcance de la investigación, así como una revisión exhaustiva de los documentos incautados. La presión aumenta ante la posibilidad de que, si se confirmara la existencia de la reunión, se reabran debates sobre la transparencia del Ejecutivo y los pactos secretos que puedan haberse llevado a cabo.
El caso pone el foco sobre la seguridad de los datos judiciales y el manejo de pruebas sensibles en investigaciones que pueden tener un impacto directo en la política nacional, planteando un escenario de incertidumbre y tensión para el Gobierno de Sánchez.
