Por Alina Rudel
El PSOE ha celebrado el pasado fin de semana su 40º Congreso Federal en Valencia donde se han presentado los principales retos que asumirá la formación en los próximos cuatro años. La abolición de la prostitución ha protagonizado este cónclave, ya que uno de los objetivos del partido es impulsar una ley integral que acabe con esta forma de violencia. “El PSOE como partido abolicionista debe, de nuevo, ser el impulsor del necesario consenso político y social en nuestro país que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución”, según las resoluciones de este año. Sin embargo, no hay plazos ni una fecha para su puesta en marcha.
La clave para conseguir la abolición de la prostitución es ir construyendo “iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces”, declara el documento. En el 39º Congreso del PSOE, los y las dirigentes ya mostraron una postura abolicionista y a favor de “una normativa que regule el abolicionismo centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de prostitución. Así mismo, desarrollar medidas necesarias de apoyo integral a las mujeres en situación de prostitución”, según las resoluciones publicadas tras el acto en 2017.
Las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno
Los y las socialistas ya se han comprometido con esta cuestión mediante un anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía integral de la Libertad Sexual, en trámite desde el julio de este año, propuesto por el Ministerio de Igualdad y Justicia. En él se incluye, algunas medidas para comenzar con el proceso de abolición.
La introducción de la tercería locativa, es decir, perseguir todas las formas de proxenetismo y sancionar penalmente a los locales que ejerzan la prostitución. Un avance que supone por otro lado la erradicación de todas las violencias sexuales sumando “las nuevas formas de violencia que nacen al calor de las nuevas formas de vida como la ciberviolencia de género y ciberacoso sexual”, añade el documento.
Así mismo, el consentimiento de la víctima pasa a ser considerado un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de juzgar delitos que atentan contra su libertad sexual. De este modo, se cumple el Convenio de Estambul, sobre la máxima de que “solo sí es sí”, dejando claro que el silencio o la pasividad no son formas de consentimiento.
Sin embargo, estas medidas no deben ser exclusivamente sancionadoras ya que, según un informe de Cáritas, el perfil de la prostituta en España es una mujer extranjera de menos de 35 años con un bajo nivel educativo y con hijos. Por consiguiente, hay que desarrollar políticas públicas que supongan una alternativa para estas mujeres, es decir, “medidas de inserción social”, remarca la Vicesecretaria General del partido, Adriana Lastra.
Además, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos está recogido la iniciativa de aprobar una Ley Integral contra la Trata de mujeres en riesgo de explotación sexual. “La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución. Son dos caras de una misma realidad ya que la trata (…) existe porque hay una demanda de mujeres y niñas para la prostitución”, explica el documento.
España es uno de los principales países demandantes de prostitución. El 39% de los hombres han acudido al menos una vez en su vida a este servicio, según datos aportados por la ONU. Además, por “la estrecha relación con los procesos migratorios ha convertido a nuestro país en puerta de entrada a Europa y, al mismo tiempo, país de destino y de tránsito para las víctimas de trata”, afirma el partido en las resoluciones.
Por ello, el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha en marzo de este año la elaboración de una ley que garantice un apoyo total a las víctimas de trata poniendo el foco en sus derechos y en su reinserción en la sociedad. “Una ley de trata que ponga fin a cualquier forma de proxenetismo con medidas concretas, a través de políticas públicas que supongan una salida a las víctimas de trata y en contextos de prostitución”, añade el documento. Sin embargo, es una ley que se encuentra en su estado más inicial y que avanza muy lentamente sin un plazo para su tramitación.
