La confirmación de la condena a Laura Borràs por parte del Tribunal Supremo y su exclusión de la Ley de Amnistía han intensificado el enfrentamiento entre Junts per Catalunya y el PSOE. La formación independentista sostiene que la ex presidenta del Parlament es víctima de «lawfare» y ahora presiona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que le conceda un indulto.
El Tribunal Supremo ratificó la sentencia de cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros impuesta a Borràs por prevaricación administrativa y falsedad documental, tras adjudicar contratos de forma irregular a un conocido durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La decisión del alto tribunal coincide con la postura de la Fiscalía, que rechazó aplicar la amnistía alegando que los delitos de Borràs no tienen relación con el proceso independentista.
Desde Junts, se insiste en que la condena responde a una persecución política y que Borràs, al igual que Carles Puigdemont, es una víctima del «lawfare». «No hay nadie con un mínimo sentido de la justicia que pueda compartir esta decisión», declaró Puigdemont, calificando la sentencia de «encarnizamiento bestia». Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, denunció una «rebeldía y fanatismo político» por parte de la judicatura.
La situación amenaza con deteriorar aún más las relaciones entre Junts y el PSOE, en un momento clave para la estabilidad del Gobierno. Los independentistas exigen a Sánchez un gesto contundente contra la decisión judicial, así como la posibilidad de un indulto para Borràs. Aunque Junts evita solicitarlo públicamente, su militancia considera que su ingreso en prisión dificultaría futuros acuerdos con el PSOE.
El Supremo, en su fallo, enfatizó que los actos de Borràs constituyen «corrupción de un funcionario público» y vulneran los principios de la administración. La Sala de lo Penal también desestimó los argumentos de la defensa sobre la proporcionalidad de la pena, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había recomendado un indulto parcial.
La respuesta del Gobierno a esta presión política será determinante para la continuidad de su alianza con Junts, en un contexto donde la estabilidad parlamentaria depende del delicado equilibrio entre ambas formaciones.
