El Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles la ejecución de la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Según la resolución, García Ortiz deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien ejerció la acusación particular en el caso.
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En relación con la inhabilitación especial de dos años para el cargo de fiscal general, la Sala Penal ha remitido copia del auto y la sentencia a la Inspección de la Fiscalía General del Estado “a los efectos oportunos”, dejando en manos de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, la decisión sobre si la condena afectará a la permanencia de García Ortiz en la carrera fiscal.
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El Supremo limitó la inhabilitación al cargo de fiscal general, del que García Ortiz ya había renunciado el pasado 24 de noviembre, pocos días después de conocerse la condena. Los magistrados señalaron que no les corresponde determinar las consecuencias extraprocesales de la sentencia, sino únicamente constatar que la pena es proporcional al delito cometido.
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Fuentes fiscales señalan que se abrirá un expediente para evaluar si la condena implica la pérdida de la condición de fiscal, conforme al artículo 32 d) del reglamento de la carrera fiscal de 2022, que contempla la expulsión en caso de inhabilitación para cargo público o la comisión de un delito doloso. La decisión final dependerá de la interpretación de Peramato, quien podría sustituir la expulsión por una suspensión según la gravedad del delito.
El Supremo también estableció que García Ortiz deposite los 7.200 euros de multa y los 10.000 euros de indemnización en la cuenta de depósitos y consignaciones de la Sala Penal, junto con las costas del proceso, que serán determinadas a partir de la propuesta del abogado de González Amador.
La sentencia es firme y no admite recursos ordinarios, aunque existe la posibilidad de un incidente de nulidad o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque con escasas probabilidades de éxito.
La condena impuesta por el Supremo es inferior a la solicitada por las acusaciones, que pedían hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, optando el tribunal por la mitad de la horquilla prevista para la pena de inhabilitación y la mínima para la multa.
