El líder espiritual de una comunidad en Abanilla, Murcia, está siendo juzgado por presuntamente suministrar mercurio a sus seguidores. Este miércoles, tanto él como su pareja deberán comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cieza. Los querellantes, antiguos miembros de la secta, afirman haber sido engañados y manipulados psicológicamente.
El abogado de las víctimas, Carlos Bardavío, ha declarado que intentarán demostrar no solo el daño económico, sino también la manipulación psicológica y otros delitos como coacciones y extorsión. La asociación RedUNE ha instado al Congreso a incluir la persuasión coercitiva de las sectas en el Código Penal.
La comunidad, establecida hace 15 años, contaba con una finca de 100.000 metros cuadrados en Abanilla, donde se realizaban actividades espirituales. El líder, conocido como Trascendencia Total, era visto como un sanador y guía espiritual. Bajo su dirección, los adeptos trabajaban largas jornadas sin cumplir con requisitos legales, según la Policía Nacional.
Mercurio Purificado
El líder pretendía elaborar un ‘mercurio purificado’ mediante alquimia, creyendo que tenía efectos energizantes. Sin embargo, los adeptos comenzaron a mostrar síntomas de neurotoxicidad. Además, los residuos tóxicos se vertían en una fosa séptica, poniendo en riesgo el medio ambiente.
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Durante las ceremonias, se distribuían psicoactivos perjudiciales para la salud, utilizados para someter la voluntad de los seguidores. La devoción al líder era tal que muchos abandonaron sus relaciones familiares y sociales.
Operaciones Policiales
En noviembre de 2023, se realizaron registros simultáneos en la finca de Abanilla y en una nave en Lorquí, donde se producían ‘elixires’. Se incautaron 90.000 euros, un revólver, marihuana, mercurio y documentos sobre experimentación con sustancias peligrosas.
Previamente, se descubrió un zulo en Abarán donde se almacenaban 180 kilogramos de mercurio. La operación fue coordinada por la Comisaría General de Información y contó con la colaboración de diversas unidades policiales y organismos estatales.
Este caso ha puesto de relieve la necesidad de una legislación más estricta contra las prácticas coercitivas de las sectas, un tema que sigue generando debate en España.
