La convivencia entre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en la prisión madrileña de Soto del Real se ha convertido en un foco constante de tensión. Según fuentes conocedoras de la situación, el exasesor ha solicitado formalmente a Instituciones Penitenciarias su traslado a otra celda debido a las dificultades para descansar provocadas por los hábitos nocturnos de su compañero.
Los ronquidos persistentes de Ábalos, unidos al consumo continuado de tabaco durante la noche, han deteriorado gravemente la relación entre ambos internos. Koldo García, que no es fumador, considera especialmente insoportable el humo constante de los cigarrillos en el espacio reducido que comparten dentro del módulo 13 del centro penitenciario.
Te interesa
Este módulo, catalogado como uno de los menos restrictivos de la prisión, está reservado a reclusos sin antecedentes penales y ha albergado anteriormente a otros internos de relevancia política. Entre ellos figura Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que permaneció allí cerca de cinco meses.
Entre los funcionarios del centro ha llamado la atención un gesto recurrente de Ábalos: mantiene su carnet de diputado del Congreso colocado de forma visible en la mesilla de noche, un detalle interpretado como un intento de aferrarse a su antigua condición institucional en un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrado.
Una rutina marcada por la disciplina penitenciaria
La vida diaria en Soto del Real sigue un horario estricto. Los internos deben levantarse a las 7:30 horas, asear sus celdas antes del desayuno y cumplir con los horarios fijados para las comidas, siendo el almuerzo a las 13:30. Tras ello, disponen de tiempo para el descanso y la participación en actividades programadas.
El centro ofrece cursos formativos, talleres ocupacionales —como el de carpintería— y acceso a la biblioteca, dentro de un régimen diseñado para favorecer la reinserción.
Ábalos y García ingresaron en prisión el pasado 27 de noviembre por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. La medida se adoptó ante el riesgo “extremo” de fuga, teniendo en cuenta las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones en el procedimiento que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.
