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El juez Francisco de Jorge libra una comisión rogatoria argumentando que el relevo en el poder ejecutivo de Caracas permite «inferir una colaboración» que el régimen de Maduro negaba sistemáticamente amparándose en convenios de los años 80.
La Audiencia Nacional ha reactivado de forma oficial la localización y búsqueda activa de José Ignacio de Juana Chaos y de otros 13 antiguos miembros de la organización terrorista ETA que permanecen huidos de la justicia española. La decisión, adoptada por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge Mesas, se fundamenta en el reciente viraje político experimentado en Venezuela tras la transición en la presidencia del país.
A través de la emisión de una comisión rogatoria dirigida a las autoridades judiciales de Caracas, el magistrado ha solicitado formalmente que se facilite «cuanta información posean» acerca del paradero actual de este colectivo de fugitivos radicados en el país latinoamericano. El instructor expone en su auto que la coyuntura política actual —que dio paso a la presidencia de Delcy Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro— abre un escenario propicio para reactivar los mecanismos judiciales. El tribunal argumenta que este cambio institucional permite «inferir una colaboración» diplomática y judicial real, rompiendo con el bloqueo sistemático impuesto por administraciones previas.
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Hasta la fecha, las comisiones rogatorias y las peticiones de extradición cursadas por los tribunales españoles se habían estrellado de forma constante contra las negativas del Ejecutivo de Caracas. Las autoridades venezolanas justificaban la denegación de auxilio judicial sosteniendo que los ciudadanos reclamados se encontraban plenamente amparados por los términos de un convenio de carácter bilateral suscrito entre ambos países en la década de los años 80, imposibilitando de facto su entrega o procesamiento en territorio español.
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Solicitud exhaustiva de información y la ‘vía estadounidense’
Las diligencias acordadas por el juez instructor exigen de manera pormenorizada datos relativos a la filiación, el rol específico de los 14 investigados dentro del colectivo de refugiados de la banda terrorista en el país caribeño, sus posibles labores de enlace logístico y el grado exacto de responsabilidad ostentado en el seno de la organización durante los años en que permanecieron afincados allí, según consta en registros judiciales referenciados hasta abril de 2025.
De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), existen actualmente 23 exmiembros de ETA en régimen de busca y captura en el extranjero, concentrándose la mayor parte de ellos de manera histórica en países de la órbita de Venezuela, Cuba, Brasil y Cabo Verde.
De forma paralela y complementaria a esta vía judicial, la Audiencia Nacional ha librado otra comisión rogatoria de carácter internacional con destino a los Estados Unidos. El objeto de este requerimiento es solicitar formalmente a las autoridades judiciales estadounidenses información detallada y declaraciones relacionadas con Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia militar venezolanos extraditado a EE. UU. La judicatura considera que los testimonios y los archivos incautados al exmilitar podrían resultar determinantes para clarificar las conexiones estructurales del antiguo aparato estatal de Caracas con el refugio brindado a los prófugos de ETA.
