La exconsejera de Fomento, Susana Román, interpuso una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción contra la número 3 del Partido Popular. En el escrito enviado al juez se aseguraba que se ofrecieron datos y documentos con su firma «faltando a la verdad», calificando el contenido de «información mendaz»
La prensa nacional se ha hecho eco de la denuncia que la exconsejera de Fomento, Susana Román, interpuso ante el Juzgado de Instrucción nº 3 acusando a la actual consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, de un presunto delito de falsedad en documento público y estafa asegurando que la ex gerente de Emvicesa había enviado al juez encargado del caso ha ofrecido datos y documentos con su firma que “faltando a la verdad” que señalaban la implicación de la exconsejera en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 3.
ElDiario.es habla del «mayor escándalo de corrupción de la historia de Ceuta», remarcando la repercusión que este puede tener de cara a la precampaña y campaña electoral de los comicios de mayo, ya que Chandiramani es la número 3 de la lista del Partido Popular en las inminentes elecciones. Como la publicación de este medio recoge, «la Fiscalía pide un total de 280 años de prisión para todos los acusados, 26 solo para el exdiputado autonómico del PP Antonio López, detenido el 14 de febrero de 2017 en Marbella».
Según el escrito presentado ante el juez por el abogado de Román al que pudo tener acceso El Periódico de Ceuta, los hechos a los que hace mención dicha denuncia se sucedieron en las fechas de la instrucción de las diligencias previas del caso Emvicesa. La investigación trataba de vislumbrar que existía una trama de compraventa ilegal de viviendas de protección oficial centrada en el entonces gerente y principal procesado, Antonio López. La causa que está pendientes de enjuiciamiento en la Audiencia de Cádiz en Ceuta.
El escrito pide al juez que se constate que existen documentos y datos aportados desde Emvicesa con la firma de Chandiramani, que fue gerente de la empresa pública, número 3 en las listas del Partido Popular de cara a los comicios del 28 mayo, cuya información Román califica de “mendaz”. Por otro lado, también se señala que “la fecha del nombramiento de Román hace imposible cualquier participación de dicha consejera en la determinación del procedimiento de adjudicación” y añade que la identificación de la misma como miembro de la comisión “es incompatible”.
En la Comisión Local de Vivienda también se encontraban Rabea Mohamed, José Antonio Carracao, Mohamed Alí, Antonio J. López y María José Cariñanos, estando presidido por Guillermo Martínez. En el escrito también se recoge que “se entremezclan los criterios que han de reunir los candidatos a la adjudicación de las viviendas con el procedimiento para que se produzca la misma” y que “en ningún caso la adjudicación de viviendas corresponde en exclusiva a la Comisión Local de Vivienda”.
Comunicado de la Ciudad
En relación con la publicación en medios de comunicación de la denuncia formulada contra la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, y que alude a su etapa como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVICESA), el Gobierno de la Ciudad saltaba al paso para decir que “hasta el momento no se ha producido ninguna comunicación oficial de la presentación de dicha denuncia, conociéndose exclusivamente por lo publicado en medios de comunicación”.
Además, añadían que “los hechos referidos ocurrieron antes de ser nombrada gerente de dicha sociedad, por lo que la intervención de Kissy Chandiramani en el procedimiento del denominado ‘caso Emvicesa’ fue exclusivamente la de atender, con los datos que le fueron proporcionados, los requerimientos de información de la autoridad judicial”.
