La detención de Vicente Fernández Guerrero por presuntas irregularidades en contratos públicos ha intensificado la presión sobre el holding empresarial del Estado, la SEPI. El temor a acabar «en el banquillo» por el uso indebido de recursos públicos está paralizando las dos operaciones más importantes de la sociedad: la inyección de capital en Talgo y el rescate pendiente de Duro Felguera, que ya arrastraban retrasos por el precedente del Caso Air Europa.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se enfrenta a una crisis de confianza que amenaza con bloquear sus movimientos estratégicos. Fuentes cercanas al organismo señalan que, tras la detención de Fernández, se ha intensificado el temor entre los directivos a tomar decisiones por miedo a «un mal uso de los recursos públicos».
Este miedo ya estaba presente debido a los problemas judiciales previos, especialmente la causa abierta por el rescate a Air Europa durante la pandemia, pero la detención del exlíder de la SEPI lo agrava aún más, retrasando las operaciones pendientes.
El caso Talgo: OPA forzosa y ayuda de Estado
La entrada de la SEPI en el capital de Talgo es el caso más claro. La sociedad estatal se ha comprometido a inyectar 75 millones de euros (45 millones en capital y 30 en convertibles) para complementar la entrada de un consorcio vasco liderado por Sidenor.
Sin embargo, la operación tiene múltiples frentes abiertos:
- Ayuda de Estado: La Comisión Europea podría considerar la inyección de dinero público en una empresa en pérdidas como una ayuda de Estado ilegal.
- OPA obligatoria: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe dictaminar si existe concertación entre la SEPI y el consorcio vasco que adquirirá el 29,7% de Talgo, lo que, en teoría, obligaría a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% de la fabricante ferroviaria.
Todo esto ocurre a pesar de que la operación fue acordada previamente en una reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.
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Duro Felguera, al borde del concurso de acreedores
La detención de Fernández también pone en riesgo la salvación de la asturiana Duro Felguera. Aunque el Juzgado de Gijón admitió un plan de reestructuración para evitar la quiebra, ocho acreedores lo han impugnado, lo que podría abocar a la empresa al concurso de acreedores.
El papel de la SEPI es crucial aquí, ya que la compañía necesita que Bruselas le permita rebajar los intereses de los 120 millones de euros del rescate que se le concedió durante la pandemia. Con el alargamiento de plazos de devolución hasta 2032, la carga financiera es inasumible y podría incluso superar el importe principal del crédito.
Esta flexibilización también podría ser cuestionada en los tribunales como una mala utilización de dinero público. La paralización de esta medida por el temor a las consecuencias judiciales implicaría, inevitablemente, el concurso de acreedores para Duro Felguera.
