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MADRID — La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar si la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta a finales de julio constituyó un ataque contra la integridad territorial de España, asume ya que se solicitaron «medidas urgentes» en las reuniones previas mantenidas entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno.
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A través de una providencia, la juez subraya que los diferentes testigos que han prestado declaración han coincidido en señalar que en los encuentros celebrados los días 27, 28 y 30 de julio se advirtió reiteradamente sobre la gravedad de la situación y la necesidad de activar actuaciones de carácter extraordinario. Con estas diligencias, la magistrada busca esclarecer qué advertencias previas existieron y cuál fue la respuesta operativa real de las instituciones.
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En el marco de la investigación, Tardón ha reclamado al Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno toda la documentación relativa a dichas reuniones. Asimismo, la resolución incluye un duro reproche al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, por la falta de colaboración al no haber remitido todavía los datos pormenorizados sobre entradas, devoluciones, menores atendidos y recursos movilizados desde el suceso.
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