La instrucción judicial sobre la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 da un paso clave en el ámbito jurídico-administrativo. La magistrada encargada del caso ha solicitado formalmente a la Abogacía de la Generalitat que aclare si el Gobierno valenciano realizó alguna consulta, ya fuera verbal o escrita, sobre la gestión de la emergencia mientras esta ocurría.
La investigación busca determinar si hubo un respaldo legal o un asesoramiento jurídico previo a las decisiones (o falta de ellas) que se tomaron aquel día, en el que perdieron la vida 230 personas.
Puntos clave de la nueva diligencia judicial
La jueza se centra especialmente en la figura de Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia. Los requerimientos principales son:
- Consultas de Presidencia: Informar si García emplazó a la Abogacía para emitir alguna «valoración jurídica» sobre la emergencia en tiempo real.
- Derivación al 112 del País Vasco: Se ha solicitado a la DAEM del Gobierno Vasco un informe y las grabaciones de las llamadas recibidas desde el 112 de la Comunitat Valenciana aquel día, para entender el nivel de colapso y la gestión de la ayuda.
- Rechazo a los contactos políticos: La magistrada ha desestimado investigar las llamadas y WhatsApps entre el Lehendakari y el entonces President Carlos Mazón, al considerar que se produjeron fuera del marco temporal crítico para la toma de decisiones.
El borrado de las cámaras del Palau
Respecto a la petición de Compromís sobre el borrado de las imágenes de seguridad del Palau de la Generalitat, la jueza ha decidido no citar a la jefa de Servicios. Argumenta que la obtención de esas imágenes es ahora «irrelevante» por dos motivos:
- Testificales suficientes: Ya se ha acordado tomar declaración a escoltas, chóferes y personal del Palau que pueden dar fe de los movimientos y comentarios de Mazón tras su llegada.
- Cronología establecida: La magistrada considera plausible el tiempo transcurrido desde la comida con la periodista Maribel Vilaplana hasta la llegada al centro de mando, independientemente de lo que mostraran las cámaras.
Análisis de la instrucción
Esta fase de la investigación apunta a clarificar la responsabilidad de Salomé Pradas (entonces consellera de Justicia e Interior) y el papel de la cúpula de la Generalitat en las horas donde «habían de adoptarse decisiones para salvaguardar a la población».
