El tribunal deniega la orden de alejamiento solicitada por la colaboradora televisiva al considerar que la agresión no se ajusta a lo ocurrido en el Senado
La Justicia se ha pronunciado sobre el enfrentamiento protagonizado el pasado lunes, 2 de marzo, en Madrid, por el periodista Vito Quiles y la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla. Mediante una reciente resolución judicial, se ha acordado «denegar la medida cautelar de alejamiento y comunicación» solicitada por Sara Marina Pérez Santaolalla contra Vito Zopellari Quiles, al determinar que los hechos denunciados no guardan correspondencia con lo sucedido durante el altercado.
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El núcleo de la resolución se asienta en el análisis de las grabaciones del momento, las cuales han resultado determinantes para desvirtuar la versión de la periodista. Santaolalla había acusado públicamente a Quiles de ser el autor directo de lesiones físicas a la salida del Senado, llegando a afirmar: «Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones». Sin embargo, tras la valoración judicial del material gráfico, la versión de la colaboradora ha quedado neutralizada, invalidando los motivos esgrimidos para la adopción de medidas cautelares.
Un cruce de acusaciones con recorrido judicial
El suceso tuvo lugar cuando Santaolalla, colaboradora habitual de medios como Mediaset y RTVE, se disponía a abandonar un acto público. La presencia de Quiles en el lugar desencadenó un intercambio tenso que culminó en un enfrentamiento físico. En los momentos posteriores, la periodista aseguró haber sido víctima de acoso, afirmando: «Me intimida y ahora finalmente me agrede, sigo en shock».
Por su parte, Vito Quiles mantuvo una postura defensiva desde el inicio, alegando haber sido arrollado por un tercero y negando cualquier responsabilidad en las lesiones denunciadas. Ante la resolución judicial, el periodista no ha ocultado su satisfacción en la red social ‘X’, exclamando «¡¡¡He ganado!!!» y cuestionando la veracidad de las acusaciones recibidas. El periodista ha instado al Gobierno a rectificar al considerar que se ha difundido un «bulo» sobre su implicación en la supuesta agresión.
Con esta decisión, la vía judicial marca un punto de inflexión en un conflicto que ha trascendido al debate público nacional, dejando claro que, a ojos del tribunal, la realidad de los hechos no coincide con la denuncia planteada inicialmente.
