«Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadoras migrantes considerados ‘trabajadores esenciales’ fueron puestas a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas”. «Se alertó a las autoridades competentes, pero éstas han permanecido en silencio. Y cuando los trabajadores se enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica»
La ONU asegura que los/as temporeros/as marroquíes contratados/as en España durante la pandemia de coronavirus para la recogida de la fresa, a pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, no estuvieron protegidos/as contra la COVID-19 por las empresas ni por el Gobierno. Además, el organismo internacional denuncia que a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica. «Se alertó a las autoridades competentes, pero éstas han permanecido en silencio. Y cuando los trabajadores se enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica» ha declarado Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.
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«La protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados ‘trabajadores esenciales‘ fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas”, ha señalado de Schutter.
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Las empresas no tienen excusas
El relator de la ONU ha asegurado que «los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo». Sin embargo, también ha puntualizado que «El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos”.
Asimismo, el belga ha denunciado que «la completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional».
Estas vulneraciones sistemáticas de derechos laborales en los campos de nuestro país han sido denunciadas en numerosas ocasiones por oenegés como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Recientemente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue duramente criticada desde los sectores conservadores y ultraconservadores del país al denunciar públicamente que en los campos españoles se dan situaciones de esclavismo y anunciar medidas para combatirlas. Ahora sus palabras han sido respaldadas por la ONU.
