Un nuevo informe de la Guardia Civil (UCO), incorporado al sumario del conocido como «caso del fuel», apunta a que la empresaria Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego, realizaron entregas de efectivo a «un tercero» por encargo de Víctor de Aldama, apenas dos meses después de confesar haber depositado 90.000 euros en Ferraz. La UCO sitúa a José Luis Ábalos como «muñidor» de la operación para acelerar la licencia de operadora a Villafuel, a cambio de la distribución de cerca de un millón de euros en efectivo.
La investigación sobre la trama de los hidrocarburos (o «causa del fuel») continúa revelando un esquema de presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales que afecta al entorno del PSOE. Según fuentes cercanas al caso consultadas por La Razón, la Unidad Central Operativa (UCO) ha presentado un oficio clave que documenta el movimiento de dinero en efectivo en momentos críticos del proceso de concesión de la licencia a Villafuel, empresa que habría defraudado más de 220 millones de euros al fisco.
El informe de la UCO se centra en Carmen Pano y Álvaro Gallego, quienes previamente confesaron haber llevado dos entregas de 45.000 euros cada una (un total de 90.000 euros) a la sede del PSOE en Ferraz en octubre de 2020. Las nuevas revelaciones demuestran que sus tareas como «correos» del dinero continuaron.
- Entregas a un tercero: Se han detectado mensajes de calado entre Carmen Pano y Víctor de Aldama que identifican movimientos de efectivo para realizar nuevas entregas de metálico a un «tercero» no identificado.
- Fechas críticas: Estas conversaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2020 y enero de 2021, apenas semanas después de las entregas en Ferraz y coincidiendo con reuniones clave en la Administración.
- Disponibilidad de metálico: La Guardia Civil señala que Pano ya disponía de efectivo, pues se detectaron retiradas de hasta 108.500 euros de mercantiles vinculadas a los investigados.
Las entregas de dinero se contextualizan en momentos cruciales para el objetivo de la trama: conseguir la licencia de operadora de combustible para Villafuel. Estas transacciones coincidieron con la mediación de Koldo García para conseguir citas en el Ministerio de Industria (entonces con Reyes Maroto).
- Mensaje revelador: Horas antes de una cita en Industria con Juan Ignacio Bidart (jefe de gabinete de la ministra) el 28 de diciembre de 2020, Pano escribió a Aldama: «Perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambie porque era todo en 20».
- Retraso y el chófer: Días antes de otra reunión, el 13 de enero de 2021, Aldama preguntó a la hija de Carmen Pano sobre la hora en que acudiría a sus oficinas para enseñarle «una cosa» que no quería tener «mucho rato» en el despacho. La hija respondió que el chófer, Álvaro Gallego —el mismo que acudió con Pano a Ferraz—, estaba en Asturias y no llegaría hasta el martes.
- El compromiso de Aldama: La UCO concluye que Víctor de Aldama se habría comprometido a entregar dinero en efectivo a un tercero, y el retraso en recibirlo de Pano le obligó a excusarse. La entrega, además, estaba «condicionada a que Álvaro Gallego regresara de viaje».
Los agentes estiman que estos pagos estarían «asociados a un pago previo necesario para activar la influencia» que pretendían obtener de la Administración, sosteniendo que el dinero procedía en su origen de Claudio Rivas, dueño de Villafuel.
El cerco sobre Ábalos y el blanqueo de capitales
La Guardia Civil estrecha el cerco sobre José Luis Ábalos, al que identifica como el «muñidor» de la operación para facilitar la licencia a Villafuel, que permitió a la trama impulsar el presunto fraude de 220 millones de euros.
Esta parte de la investigación, relativa a las entregas de metálico, fue derivada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha requerido al PSOE toda la documentación sobre los abonos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 —durante el mandato de Pedro Sánchez— para que la Guardia Civil los analice. En el foco está un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que las entregas alertadas por la UCO no cuadraban con la información que previamente había aportado Ferraz al Supremo.
