Tras meses de retrasos y comparecencias técnicas, los damnificados por la catástrofe de octubre de 2024 intervienen finalmente en la comisión de investigación valenciana. La jornada arranca marcada por las protestas en el exterior que exigen responsabilidades penales.
Ha tenido que pasar casi un año y cuatro meses para que la voz de quienes lo perdieron todo llegue a la sede de la soberanía valenciana. Este lunes, 482 días después de la riada que segó 230 vidas el 29 de octubre de 2024, los representantes de las asociaciones de víctimas comparecen en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.
Llegan al parlamento autonómico tras un largo periplo institucional que les ha llevado previamente al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y a la Diputación de Valencia, evidenciando el dilatado calendario de la cámara valenciana.
Un camino marcado por la controversia política
Aunque Les Corts fueron la primera institución en aprobar una comisión de investigación (apenas un mes después de la tragedia), su puesta en marcha ha estado rodeada de críticas por parte de la oposición y las propias víctimas:
- Constitución tardía: No se constituyó hasta finales de enero de 2025.
- Exclusión inicial: El plan de trabajo original de PP y Vox no incluía a los damnificados, que solo fueron incorporados tras una rectificación en junio de 2025 ante la presión social.
- Orden de comparecencias: Antes que las víctimas, la comisión dio prioridad a técnicos, expertos y al propio expresident Carlos Mazón.
Calendario de intervenciones: Rostros tras las cifras
La quinta sesión de la comisión se divide en dos jornadas clave:
- Lunes 23 de febrero: Abre el turno Álex Carabal, presidente de la primera entidad constituida tras la riada, la Asociación de Damnificados Horta Sud.
- Martes 24 de febrero: Comparecerán Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, y Mariló Gradolí, al frente de la Associació de Víctimes de la DANA.
En total, una decena de personas pasarán por la sala para relatar las deficiencias en la gestión de la emergencia, la tardanza de los avisos y el largo proceso de reconstrucción que todavía hoy condiciona la vida de miles de valencianos.
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Los manifestantes denuncian lo que consideran una «estrategia de dilación» en la comisión de investigación y exigen que las responsabilidades políticas se trasladen al ámbito penal por la gestión realizada aquel 29 de octubre. Con las víctimas finalmente en el estrado, la comisión entra en su fase más sensible, donde los testimonios personales pondrán a prueba la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas y justicia.
