El partido de Los Comunes, a través de su eurodiputado Jaume Asens, ha hecho un movimiento legal significativo este jueves, al presentar una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta. Este magistrado es conocido por presidir el tribunal que recientemente condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
La querella se fundamenta en unos hechos ocurridos el 18 de noviembre, cuando Martínez Arrieta, en medio de un proceso de deliberación sobre la sentencia del fiscal general, participó como ponente en un evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Durante su intervención pública, el magistrado hizo una declaración que ha levantado muchas inquietudes. Afirmó: «Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado». Este comentario, según la querella, fue emitido en un tono jocoso y provocó risas entre los asistentes, lo que ha sido interpretado como una clara revelación de información que debería haberse mantenido en secreto.
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Los Comunes enfatizan en su denuncia que esta declaración no solo desvirtúa el proceso judicial, sino que también egresa a varios aspectos que deberían permanercer en stricta confidencialidad, como el estado interno de deliberaciones. Afirman que se revelaron detalles como el cambio de ponente respecto a la magistrada originalmente asignada y la composición de la mayoría que decide el fallo.
Según el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la información sobre las deliberaciones es confidencial y su divulgación afecta el derecho a un juicio imparcial, un principio fundamental en cualquier sistema democrático. La querella de Jaume Asens sostiene que el actuar de Martínez Arrieta ha vulnerado este derecho.
Los Comunes también mencionan que la participación de tres magistrados, que fueron parte del tribunal que condenó a García Ortiz, en un evento organizado por un grupo que es parte acusadora, compromete gravemente la apariencia de imparcialidad que se espera de los miembros del poder judicial.
En el documento oficial, Asens resalta que la intención de presentar esta acción judicial es proteger el interés público y defender el principio de igualdad ante la ley, un pilar fundamental de la democracia. Según él, situaciones como esta no pueden quedar sin el debido control judicial, pues impactan directamente el núcleo de la independencia y la neutralidad del sistema judicial.
La resolución de la querella podría tener implicaciones significativas sobre la confianza pública en el sistema judicial, especialmente en un contexto en el que la independencia de los tribunales es un tema de creciente preocupación. A medida que el caso avanza, se espera que el Tribunal Supremo evalúe cuidadosamente todas las acusaciones formuladas por Los Comunes y determine las acciones pertinentes.
