Desde la oenegé aseguran que sin la presencia de los barcos humanitarios, no existe una estructura naval gubernamental, ni civil ni militar para rescatar en aguas internacionales y que realice esta importante y vital seguimiento con el objetivo de salvar la vida de los náufragos
«¿Qué establece el nuevo decreto?». La nueva Ley de Salvamento Marítimo establece que las embarcaciones humanitarias no pueden realizar más de un salvamento. Así lo ha denunciado Open Arms, que analiza cómo repercute esta situación en su labor humanitaria. Una vez rescatada una embarcación en apuros -si hubiera otras-, su embarcación está obligada a dirigirse hacia el puerto asignado, lo que supone normalmente a 3-4 días de navegación, «sin poder intervenir y rescatar a otras personas en peligro«.
Según apunta la oenegé, el Gobierno obliga a los barcos humanitarios a realizar un largo recorrido hacia un puerto cada vez más lejano, de manera que el Mediterráneo Central quedará desprovisto de naves humanitarias que puedan atender las emergencias, a pesar de saber que se trata de una «ruta letal» por la que cada día navegan cientos de mujeres, niños, jóvenes personas que arriesgan sus vidas tratando de escapar de la guerra y la violencia.
Desde Open Arms aseguran que sin la presencia de los barcos humanitarios, no existe una estructura naval gubernamental, ni civil ni militar para rescatar en aguas internacionales y que realice esta importante y vital seguimiento con el objetivo de salvar la vida de los náufragos. Asimismo, insisten en la ilegalidad de esta normativa, añadiendo que los convenios internacionales y el Derecho del Mar establecen que «el capitán de un barco tiene el deber de prestar auxilio a cualquier embarcación en peligro que se encuentre cerca».
Por último, advierten que seguirán salvando la vida de mujeres, niños y hombres en peligro porque «nuestra misión proteger la vida, y defender los derechos de todo ser humano».
