El Gobierno de coalición español se enfrenta a una nueva tensión interna por la política de vivienda. PSOE y Sumar mantienen un pulso jurídico y político sobre cómo limitar los aumentos del alquiler, un debate que afecta a 1,6 millones de personas con contratos que deben renovarse este año.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por incentivos fiscales para los propietarios que no suban los precios de los alquileres, mientras que Sumar exige una intervención directa mediante decreto para congelar las rentas, siguiendo el modelo aplicado durante la pandemia. La Moncloa sostiene que esta congelación sería inconstitucional, ya que afectaría retroactivamente a contratos ya firmados, y advierte que el Tribunal Constitucional podría tumbarla.
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Sumar, liderado por Yolanda Díaz, rechaza los incentivos fiscales, calificándolos de “injustos e ineficaces”, y asegura que los propietarios han sido los grandes beneficiarios de la crisis de la vivienda. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz del grupo, subrayó que “la renta media de los caseros es prácticamente el doble que la de los inquilinos” y que destinar recursos públicos a los propietarios solo aumenta la desigualdad.
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Sánchez confía en alcanzar un acuerdo interno antes de que el decreto llegue al Consejo de Ministros, destacando que la medida busca contener revisiones “desmesuradas” de los alquileres sin enfrentar a propietarios e inquilinos. Sin embargo, la disputa refleja tensiones históricas dentro de la coalición y la dificultad de pactar con grupos externos como Junts, cuya posición sobre vivienda se acerca más al PP y Vox que a la mayoría progresista.
