María José, profesora de Educación Física en un instituto de Villaverde, se reincorpora mañana a las aulas tras cinco meses de baja. Su regreso no es motivo de alegría, sino de valentía: fue víctima de una brutal agresión por parte de un alumno de 13 años que la dejó con secuelas físicas y un cuadro de estrés postraumático.
La agresión: «Me embistió a traición»
Los hechos, grabados por las cámaras de seguridad del centro, ocurrieron durante una guardia de pasillo. Tras pedir a un grupo de alumnos que regresaran al aula, uno de ellos inició una escalada de violencia:
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- Intimidación: El menor se encaró a escasos centímetros de su rostro.
- Ataque físico: Le propinó una fuerte patada en la pierna izquierda y la acorraló junto a las escaleras.
- El impacto final: Cuando la profesora se dio la vuelta, el alumno la embistió por la espalda. «Sentí que volaba y caí al suelo», relata María José, quien sufrió traumatismos en cuello, espalda y hematomas severos.
Un sistema que «desprotege» al docente
El caso de María José no es un hecho aislado. Según una reciente encuesta del sindicato CSIF, más de la mitad de los docentes en España han presenciado o sufrido agresiones en el último curso. La sensación de «abandono» es generalizada:
- Inimputabilidad: Al tener 13 años, el agresor es inimputable según la Ley del Menor actual, lo que genera una profunda sensación de impotencia en las víctimas.
- Falta de autoridad: Los padres del menor llegaron a acusar a la profesora de agredir al niño, alegando incluso que los vídeos de seguridad estaban «manipulados».
- Centros de difícil desempeño: En institutos con entornos sociales complejos, los profesores denuncian que deben actuar como psicólogos, policías y médicos sin contar con los recursos necesarios.
«Estamos vendidos. Aquí necesitamos un guardia de seguridad», reclama la docente tras 16 años de experiencia.
El debate sobre la Ley del Menor
El incidente ha reavivado las voces que piden bajar la edad de responsabilidad penal de los menores. Actualmente, los delitos cometidos por niños de 13 años no tienen consecuencias penales, lo que, en palabras de expertos y sindicatos, deja a los centros educativos sin herramientas eficaces para frenar la reincidencia. El agresor de María José tardó dos meses en ser trasladado de centro, tiempo durante el cual siguió provocando altercados.
