El que fue secretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, Santos Cerdán, será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de cuatro ediles compostelanos —Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez—, que actualmente son concejales no adscritos. Cerdán fue llamado por la defensa de los ediles en su calidad de firmante de la resolución disciplinaria y, a pesar de la oposición del PSOE, la jueza ha aceptado su comparecencia. El juicio está previsto para los días 7 y 8 de septiembre.
En la audiencia previa a la celebración del juicio, el abogado de los cuatro concejales solicitó la comparecencia de Santos Cerdán como testigo clave, al ser la persona que firmó la resolución de expulsión de las filas socialistas. Además de Cerdán, la defensa pidió que declarasen cuatro trabajadores eventuales del partido en la ciudad y el exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.
La abogada que representa al Partido Socialista se opuso a la citación de Cerdán, argumentando que su petición solo busca un «efecto mediático» dada su situación (en aquel momento, Cerdán estaba detenido en el marco de una supuesta trama de cobro de comisiones). El PSOE defendió que Cerdán, al ya no formar parte del partido, no era el testigo idóneo.
En su lugar, la letrada del PSOE solicitó la comparecencia del director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, alegando que este tenía pleno conocimiento de la tramitación de los expedientes disciplinarios, mientras que a Cerdán «solo se le hace llegar la propuesta de resolución para su firma».
La magistrada desestimó los argumentos del PSOE y aceptó todos los testigos propuestos por las partes, incluido Santos Cerdán.
La jueza señaló que la pertenencia o no de Cerdán al partido es indiferente, ya que se le cita precisamente por ser el firmante de la resolución. De igual modo, aceptó la comparecencia del instructor de los expedientes de Ferraz, quien podrá «ilustrar sobre los motivos por los que se imponen las sanciones y también sobre la mecánica de estas».
La jueza también rechazó la petición de la abogada del PSOE de no repetir las declaraciones de los cuatro demandantes, subrayando que la vista por las medidas cautelares tenía un objetivo distinto y que era fundamental el principio de inmediación (presencia directa de los testigos en el juicio).
El conflicto que acabó en la expulsión de los ediles estalló el 24 de junio de 2024. Ese día, los seis concejales del grupo municipal del PSOE de Santiago votaron en el Pleno a favor de una ordenanza sobre las viviendas turísticas, contraviniendo la orden de la dirección local de abstenerse.
Esa misma jornada, la ejecutiva de Santiago convocó una reunión para ordenar el relevo de la jefa de gabinete y el responsable de comunicación. El entonces portavoz municipal, Gonzalo Muíños, se negó a firmar estos cambios, lo que le valió la suspensión de militancia.
Posteriormente, la dirección local nombró a nuevos portavoces, pero las concejalas Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez se negaron a acudir a la reunión de ratificación, alegando que la convocatoria era nula. Esta acción supuso la ruptura total del grupo municipal y su posterior expulsión, llevando a los cuatro ediles a presentar una demanda judicial para impugnar las resoluciones disciplinarias y reclamar su reincorporación.
