El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia al recurso presentado por Ciudadanos hace tres años por el que se reconoce «contrario a derecho» el pago de esas cantidades. La cifra podría ascender a medio millón de euros y comprende desde el Ejecutivo de 2013 hasta la actualidad
Fue en 2017 cuando Ciudadanos Ceuta interpuso un recurso contencioso administrativo por las indemnizaciones que los miembros del Gobierno local (presidente, consejeros, viceconsejeros, directores generales y jefes de gabinetes) percibían en materia de residencia, pese a que la legislación vigente era contraria a estas retribuciones. Esta situación se ha mantenido “durante 20 años”, según ha anunciado el exdiputado de Ciudadanos, Javier Varga. “Un funcionario con destino especial no podía cobrar esta indemnización por residencia”, ha añadido.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula el apartado 5 de la base 29 del presupuesto para 2017 de la Ciudad en el que se recoge el “derecho a cobrar la indemnización por residencia”, ha apuntado Varga. “Lo considera contraria a derecho, aplicable a la legislación estatal. No existe ninguna norma legal que justifique estos gastos”.
Son, concluye Varga, “pagos indebidos y, por tanto, reintegrables” que supondrían que los miembros de los gobiernos afectados deberán devolver medio millón de euros, según las estimaciones del exdiputado.
Los ejecutivos afectados comprenderían un periodo de cuatro años atrás desde la presentación del recurso, lo que establecería la frontera de los gobiernos afectados desde 2013. “Los miembros de estos gobiernos han cobrado, sin tener derecho a hacerlo, cantidades que varían entre 1.000 y 1.500 euros, sin que ningún grupo político, gobierno, técnico o interventores hayan hecho algo que hubiera puesto fin a esta situación”, ha matizado Varga.
El exdiputado de Ciudadanos ha invitado a la Ciudad a “mover ficha” para que recuperen las cantidades incluidas en ese periodo hasta la actualidad.
También ha señalado que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
