La sesión de interpelación al Gobierno celebrada este viernes en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha estado marcada por un agrio debate entre el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, y la consejera de Hacienda y Gobernación, Kissy Chandiramani, a cuenta de la gestión institucional tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio.
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El cruce de acusaciones derivó en duras recriminaciones partidistas, reproches sobre el uso electoralista de la crisis y menciones explícitas a la presencia en la ciudad de agitadores mediáticos como Vito Quiles.
Ceuta Ya! acusa al PP de priorizar intereses electorales y abandonar la periferia
Durante su intervención, Mohamed Mustafa sostuvo que, a diferencia de la lealtad y cooperación institucional demostradas durante la crisis de mayo de 2021, la actual administración local ha provocado mayores tensiones. A juicio del portavoz localista, el Partido Popular ha antepuesto sus intereses electorales al bienestar de la ciudad, provocando consecuencias «irreparables».
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Mustafa denunció además la falta de despliegue de recursos de Protección Civil en las zonas periféricas y la «criminalización de la solidaridad», señalando la supuesta intimidación policial a activistas que repartían comida y citando un comentario ofensivo en redes atribuido a un miembro del Ejecutivo local. Asimismo, el líder de Ceuta Ya! reprochó al PP haber propiciado la presencia del agitador Vito Quiles en la ciudad, exhibiendo imágenes de este con dirigentes populares.
El Gobierno defiende el sobreesfuerzo de los servicios públicos y señala la inacción estatal
Por su parte, la consejera Kissy Chandiramani rechazó tajantemente las críticas, acusando a Mustafa de actuar como «portavoz del PSOE» y de intentar dividir a los ciudadanos al emplear el discurso de la periferia. Chandiramani defendió el despliegue extraordinario llevado a cabo por el Servicio de Extinción de Incendios, la Policía Local, Servicios Sociales y Sanidad para atender el colapso de los servicios públicos, destacando la habilitación de más de 20 instalaciones para acoger a cerca de 3.000 menores.
La consejera enfatizó que el Gobierno local se encuentra asumiendo en solitario los costes logísticos y asistenciales sin haber recibido aún los fondos correspondientes por parte del Ejecutivo central. Asimismo, criticó la falta de medios por parte del Estado —como la ausencia de un hospital de campaña o la lentitud en el refuerzo fronterizo— y negó rotundamente que la Ciudad Autónoma actúe movida por cálculos electorales.








