UGT recuerda que lleva tiempo reclamando al Gobierno «la necesidad de revisar los protocolos de actuación y las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad dispuestos en los CETI de Ceuta y Melilla que se han visto agravadas sustancialmente debido a la crisis humanitaria y sanitaria que están sufriendo ambas ciudades autónomas«
«Las competencias finales en materia de seguridad privada en este país corresponden al Ministerio de Interior así como en el caso concreto de la seguridad privada dispuesta en los CETI en cuanto a los pliegos de contratación de este tipo de servicios de seguridad es competencia final del Ministerio de Trabajo», detallan desde el sindicato.
Desde UGT explican que «la situación de los distintos concursos licitados para este tipo de contratos viene celebrándose con criterios sociales, laborales y económicos en su adjudicación que distan claramente de facilitar las condiciones de calidad suficientes así como las propias condiciones laborales para las personas trabajadoras que prestan sus servicios en instalaciones reconocidas como de especial sensibilidad«.
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La central sindical recuerda que lleva tiempo solicitando al Gobierno central «la necesaria revisión en cuanto a la adjudicación de este tipo de servicios donde se debe profundizar en un mayor grado de formación para este colectivo así como mejorar sus condiciones laborales, sociales y económicas como ya sucede con otros colectivos enmarcados en el sector servicios dispuestos en este tipo de instalaciones».
Aseguran que «la situación actual vivida en los CETI ante el incremento de refugiados en las instalaciones lleva poner a los vigilantes de seguridad en situaciones límites así como está conllevando un mayor contagio de estos trabajadores y trabajadoras dispuestos en los distintos centros de Ceuta y Melilla que reciben contestaciones superfluas por parte de sus empresas y el total abandono del Gobierno responsable final de este tipo de contratos».
UGT informa, por lo tanto, que ha vuelto a solicitar de los Ministerios de Trabajo e Interior «la necesaria y urgente revisión tanto de los protocolos de actuación, así como de las condiciones laborales, sociales y económicas dispuestas en los CETI que deben ser tratadas con la urgencia necesaria».
