CEUTA.— Este martes, 6 de octubre, vence el plazo límite fijado para el desalojo de una familia residente en la barriada ceutí de Benítez. La unidad familiar, compuesta por un hombre de 72 años en situación de gran dependencia y discapacidad, su esposa y sus dos hijos menores de edad (de 15 y 16 años), afronta el lanzamiento judicial sin disponer de una vivienda alternativa a la que trasladarse, sofocada por el encarecimiento del mercado de alquiler en la ciudad autónoma.
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A.A.B., padre de familia que padece múltiples patologías graves como hernias discales y EPOC que le obligan a pernoctar con oxigenoterapia, agotará mañana la prórroga de cuatro meses que le concedió el juzgado tras la orden de desahucio emitida en junio. La búsqueda de un piso de alquiler se ha topado con el rechazo de propietarios e inmobiliarias debido a su avanzada edad, así como con la imposibilidad económica de asumir las rentas locales. La única alternativa que sopesa el matrimonio frente al desamparo es el arrendamiento de un garaje o trastero, cuyo coste roza los 900 euros mensuales.
Por su parte, la respuesta ofrecida desde los Servicios Sociales Comunitarios ha consistido en el traslado prioritario a un hostal. Sin embargo, la familia advierte de que el inmueble propuesto no reúne las condiciones mínimas de accesibilidad al carecer de ascensor, lo que representa una barrera arquitectónica insuperable para la movilidad reducida y el estado de salud del cabeza de familia.
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A pocas horas de que se ejecute la orden judicial, la familia continúa sin una solución adaptada a sus necesidades médicas y asistenciales, visibilizando las dificultades de acceso a la vivienda que atraviesan los colectivos más vulnerables en Ceuta.
