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El juez que instruye el caso Mascarillas sitúa al ex presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en el centro de la presunta red de corrupción destapada por la UCO. Entre los indicios más reveladores destacan una serie de mensajes de WhatsApp en los que el político y otros altos cargos utilizaban emoticonos de muelas y expresiones propias de una consulta dental para referirse, supuestamente, a mordidas vinculadas a contratos públicos.
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Según la investigación, uno de esos mensajes resultó determinante. El 8 de abril de 2020, solo tres minutos después de firmar el decreto que adjudicaba a la empresa Azor Corporate Ibérica un contrato de dos millones de euros para la compra de mascarillas —con un sobrecoste del 42,27%—, García envió al grupo de WhatsApp Naranjito un emoticono de una muela. Ese simple icono, descubierto tras el análisis de los móviles intervenidos, fue para el juez un “indicio demoledor” del rol que ejercía el ex mandatario en el entramado.
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En esa operación también fueron detenidos el ex vicepresidente Francisco Giménez, el jefe de Contratación de la Diputación, el alcalde de Fines y su hijo, así como varios empresarios relacionados. En el auto judicial, de 66 páginas, el magistrado Eduardo Martínez subraya el “interés desmedido” de García por el contrato de mascarillas y evidencia su “inquietud y nerviosismo” a través del incesante flujo de mensajes con sus colaboradores.
“¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo”, escribió García a Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación.
Un código dental para ocultar mordidas
El juez destaca que los investigados empleaban una terminología odontológica sin relación alguna con sus funciones administrativas y de forma reiterada desde 2017. Expresiones como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos muelas” o “tengo las muelas picadas” habrían servido, según la instrucción, como un lenguaje cifrado para referirse a las presuntas comisiones ilegales.
En junio de 2018, Liria preguntó a García si había visto el orden del día de una junta de gobierno y el entonces presidente respondió: “Espero poder ir al dentista”. Liria replicó: “Te vas a poder cambiar la piñata entera”.
Pagos en efectivo y operaciones sin rastro bancario
La UCO también ha puesto el foco en los movimientos patrimoniales del ex dirigente provincial. Entre ellos, amortizaciones de hipoteca mediante ingresos en efectivo y la compra de una parcela en Rodalquilar con 20.000 euros en metálico cuyo origen no aparece reflejado en sus cuentas bancarias.
El juez señala incluso a una hermana del ex presidente, titular de una cuenta bancaria presuntamente utilizada para manejar fondos de origen ilícito, lo que podría constituir un delito de blanqueo de capitales.
Asimismo, la investigación apunta a una posible utilización de sociedades instrumentales, como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a los imputados, que habrían recibido entre ambas más de 30 contratos públicos con importes superiores al millón de euros.
Una red más amplia que el contrato de mascarillas
La instrucción concluye que la adjudicación del material sanitario durante la pandemia no fue un hecho aislado, sino parte de un supuesto sistema sostenido en el tiempo para manipular licitaciones públicas.
Según el juez, García tenía “pleno conocimiento, aquiescencia y participación” en este entramado que habría operado en la Diputación durante años.
