SANTIAGO DE COMPOSTELA – En un movimiento que redefine el tablero de la izquierda española, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este 19 de abril de 2026 que no integrará ninguna lista electoral para los próximos comicios generales de 2027.
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Díaz, que ya había anunciado en febrero su decisión de no repetir como candidata a la presidencia, ha ido un paso más allá en una entrevista concedida a Radio Galicia (Cadena SER). Al ser preguntada sobre si podría ocupar un puesto secundario en las listas para apoyar a su espacio político, su respuesta fue tajante: «Categóricamente, no».
Prioridad a la vida personal y fin de ciclo
La ministra ha defendido que la política no debe ser una carrera permanente, sino una etapa temporal en la vida de los ciudadanos. Según ha explicado, su intención al finalizar la actual legislatura es centrarse en su familia y recuperar su vida privada.
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«La política debe ser una estación de paso», afirmó Díaz, subrayando que su compromiso actual es agotar la legislatura cumpliendo con la agenda laboral pendiente.
El futuro de la izquierda: Unidad sin personalismos
Pese a su retirada de la primera línea electoral, Díaz ha asegurado que se volcará para evitar un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Sus claves para el futuro del espacio a la izquierda del PSOE son:
- Programa de mínimos: Instó a las formaciones a centrarse en lo que las une y no en sus diferencias.
- Herramienta de esperanza: Afirmó que el proyecto debe ir «más allá de nombres y personas».
- Apertura a otros liderazgos: Evitó entrar en vetos o avales directos a figuras como Irene Montero o Gabriel Rufián, limitándose a decir que cualquier iniciativa que sume será «bienvenida».
Incógnita en Galicia y pulso con la Xunta
Aunque ha cerrado la puerta a Madrid, Díaz se mostró menos rotunda sobre un posible regreso a la política gallega, recordando que ella «nunca se fue» de Galicia.
En clave autonómica, la ministra aprovechó para lanzar una advertencia al gobierno gallego: si la Xunta endurece el control de las bajas laborales, el Ministerio de Trabajo lo llevará al Tribunal Constitucional, defendiendo que la competencia en esta materia es exclusivamente estatal.
